Cuatro amenazas de invasiones

A pocas horas de la Navidad, el Ministerio Público tomó conocimiento de cuatro denuncias sobre posibles actos de invasión en nuestra ciudad.

La titular de la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito, Melina Lizárraga Amesquita, representante de turno, informó que estas quejas fueron formuladas por algunos vecinos de asentamientos humanos y lugares alejados.

Similares denuncias se recibieron meses atrás, lo que es preocupante, pues los inescrupulosos aprovechan las fiestas para cometer las ocupaciones de terrenos. La preocupación de los fiscales es constante, especialmente desde octubre, cuando se emitieron las nuevas reformas en materia penal, pues estas quejas no se reportaban en la fiscalía de prevención.

Acciones. Una vez conocidos estos posibles actos, señala la fiscal, se emprendieron medidas inmediatas. Una de ellas fue comunicar a los agentes de la Policía Nacional, en caso especial a las comisarías, para que permanezcan en alerta ante cualquier invasión.

"Se ha cumplido con exhortar, mediante resolución, a la policía para que considere la presencia de estos incidentes y proceda de acuerdo con ley", recalcó.

Por otro lado, se ha dado a conocer estos presuntos ilícitos a la fiscalía penal de turno, que mantendrá vigilancia especial ante cualquier acto de usurpación.

Zonas. De acuerdo con las quejas, las zonas vulnerables de invasión se ubican en los distritos de Cerro Colorado, Yura, Hunter y Uchumayo. Se supo que algunos han pensado en cometer estas usurpaciones en las asociaciones que han registrado mayor conflicto en este periodo, como la Asociación Parque Industrial Porvenir Arequipa (Apipa).

Lizárraga Amesquita advirtió que la Policía Nacional tiene la potestad de actuar y detener a las personas que se hallen en flagrante delito y no esperar que intenten instalarse en los terrenos, pues su retiro se lleva a cabo de manera más violenta.

Quienes intervengan en este tipo de delitos, afrontarán un proceso penal que puede culminar hasta con pena de cárcel, tanto para los autores como para los promotores.

La Ley N° 30076, promulgada este año, establece la aplicación de penas más drásticas para los invasores de tierras e inmuebles público y/o privados, sean dirigentes, funcionarios o servidores públicos.

Se sancionará con una pena privativa de la libertad no menor de cuatro año ni mayor de ocho, cuando la usurpación se cometa con uso de armas, explosivos o cualquier otro instrumento o sustancia peligrosa, sea en terrenos arqueológicos o destinados a servicios públicos.