Defensoría del Pueblo: 581 conflictos sociales tienen en jaque al país

La Defensoría del Pueblo registró 581 conflictos sociales en los últimos tres meses a nivel nacional, lo que evidencia el clima de violencia que vive nuestro país. Veamos.

Durante el mes de enero da cuenta de 159 conflictos activos y 51 latentes, en Áncash (24 casos), Apurímac (22) y Puno (19); y siguen los departamentos de Cusco (16), Ayacucho (14), Cajamarca (14), Junín (12), Loreto (12), Piura (12) y Lima Provincias (10). Entre estos, 74 vienen siendo tratados mediante procesos de diálogo y ocurrieron 158 acciones colectivas de protesta.

En Áncash, distrito de Cátac, provincia de Recuay, los pobladores protestaron por la presunta dilación y parcialización en la investigación realizada por la Sexta Fiscalía Provincial Penal de Huaraz sobre el homicidio del exalcalde de Cátac. En Cusco, los habitantes de la comunidad campesina de Chilloroya solicitaron a la empresa minera Hudbay Perú el pago del saldo pendiente por la venta de sus terrenos y la reformulación del convenio marco de desarrollo social. En Loreto, las comunidades nativas Nuevo Remanente, Vista Alegre y San Salvador, en la cuenca del río Tigre, demandaron a la Empresa Pluspetrol Norte S.A. una compensación por el uso de suelos y los impactos ambientales ocasionados por la actividad hidrocarburífera en la zona, entre otros casos.

ENFRENTAMIENTOS. En el mes de febrero hubo 211 conflictos sociales: 160 activos y 51 latentes. La mayor cantidad de enfrentamientos ocurrió en Áncash (24), seguido de Apurímac (21), Puno (19), Cusco (16), Ayacucho (14), Cajamarca (14), Piura (14), Junín (12), Loreto (12) y Lima Provincias (10); 71 casos permanecen en proceso de diálogo, mientras que se registró 107 protestas. En total, 178 personas resultaron heridas y una fallecida como resultado de la violencia generada.

En Amazonas, las comunidades nativas awajún del Cenepa exigieron a taladores y mineros ilegales de nacionalidad peruana y ecuatoriana el cese de sus actividades y el retiro inmediato de su territorio. En Loreto, las comunidades nativas Santa Elena y Pucacuro, de la cuenca del río Corrientes, demandaron a la Empresa Pluspetrol Norte S.A. una compensación por uso de suelos y daños conexos de la actividad hidrocarburífera en el Lote 8. Durante este mes solo se resolvió un conflicto.

En marzo se detectaron 211 conflictos, 155 activos y 56 latentes, en Áncash (22), Apurímac (22) y Puno (19); luego vienen los departamentos de Cusco (16), Ayacucho (14), Cajamarca (14), Piura (14), Junín (12), Loreto (11) y Lima Provincias (10). Hay 72 casos en proceso de diálogo. Se observó 179 acciones colectivas de protesta; 92 personas resultaron heridas y dos fallecidas.

En la región Apurímac, en las provincias de Abancay, Apurímac y Chincheros, se denunció cobros indebidos, incremento injustificado de la tarifa eléctrica, entre otros reclamos, generando la protesta de los pobladores. En Huánuco, la comunidad campesina de Pillao no reconoció el acuerdo sobre la compra de tierras realizada en 2012 con la empresa Generación Huallaga S.A. (Odebrecht) para la ejecución de obras del proyecto Central Hidroeléctrica Chaglla.

Como vemos, el reclamo se ha instalado en el interior del país y el nuevo premier, Pedro Cateriano, tendrá que hilar fino y llevar también el diálogo a las zonas en conflicto.

Marzo. En Loreto, la comunidad nativa de Nueva Jerusalén demandó a Pluspetrol Norte S.A. una compensación por impactos ambientales ocasionados por la actividad hidrocarburífera en la zona, a raíz de un derrame de petróleo ocurrido en 2014.