Los gerentes, subgerentes y directores de áreas del Gobierno Regional de la Libertad están en la mira. La Contraloría detectó que la gestión del gobernador César Acuña Peralta superó en 27 el límite de funcionarios de confianza permitidos por ley y, además, se designaron a servidores pese a que no cumplían con los requisitos mínimos para ocupar cargos.
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El caso
El informe de Visita de Control N° 036-2023-OCI/5342-SVC, denominado “Verificación de requisitos e impedimentos para el acceso y ejercicio de la función pública”, del 21 de julio último, da cuenta que la administración de Acuña “superó el límite del 5% del total de cargos o puestos existentes para las designaciones de servidores de confianza”.
Esto, según el ente fiscalizador, “afecta la idoneidad de los procesos de contratación y el acceso a la administración pública”.
El documento detalla que la Subgerencia de Recursos Humanos del Gobierno Regional informó, el 19 de julio, que el número total de trabajadores es de 725, mientras que los funcionarios de confianza sumaban 63. Por ello, la Contraloría indica que el 5% permitido de hombres de confianza que debió designarse era solo 36.
“Del cuadro precedente, se advierte que la entidad ha superado en 27 el número total de cargos o puestos existentes para la designación de servidores de confianza en la entidad, inobservando lo establecido en el artículo 29 del Reglamento, que señala: ‘el personal de confianza en ningún caso será mayor al 5% del total de cargos o puestos existentes en la entidad’”, indica el órgano de control.
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Incumplen
El informe también indica que la Región “designó directivos de libre designación y remoción sin acreditar el cumplimiento de requisitos mínimos que lo sustentan, situación que limita el acceso a puestos que conlleven al cumplimiento de sus fines institucionales”.
Acá se tiene en la mira al secretario general del Gobierno Regional, Francisco Falcón Gómez Sánchez; al secretario del Consejo Regional, Carlos Mori Betteta; y al subgerente de la Micro y Mediana Empresa, Gary Liza Gomero.
“De la revisión y evaluación a los legajos y documentos que sustentan la designación de los servidores que actualmente vienen desempeñando los cargos detallados en el párrafo anterior, se advierte que en ellos no obra habilitación vigente a la fecha de su designación”, indica la Contraloría.
Correo revisó esta información en los colegios de Abogados y de Administradores de La Libertad, y hasta ayer los tres funcionarios continuaban inhabilitados.
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