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La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte, a cargo de la fiscal provincial Luisa Inés Quispe Asmat logró que se dicten 14 meses de prisión preventiva contra Pocho Pinto, de 54 años, investigado por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral. El hombre es acusado de ofrecer empleos en Rusia a ciudadanos peruanos que terminaron participando en la guerra contra Ucrania.
El Ministerio Público informó el sábado 10 de octubre de 2026 que la medida judicial fue ordenada mientras continúan las investigaciones sobre una presunta red de captación y traslado de personas al extranjero.
De acuerdo con la Fiscalía, el investigado habría facilitado el viaje de cuatro peruanos a Rusia mediante ofertas laborales que contemplaban remuneraciones de 2.300 dólares mensuales.
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Fiscalía investiga falsas ofertas de trabajo para enviar peruanos a Rusia
Según la investigación fiscal, Pinto habría participado en la coordinación, financiamiento y traslado internacional de los ciudadanos peruanos en marzo de 2026.
La propuesta laboral consistía, presuntamente, en desempeñar funciones de seguridad en una base militar ubicada en territorio ruso.
Sin embargo, los hombres terminaron involucrados en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, de acuerdo con la información difundida sobre el caso.
La Fiscalía atribuye al investigado un papel en la organización de los desplazamientos, aunque su responsabilidad penal todavía no ha sido determinada mediante una sentencia.
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Peruano murió en abril tras ser enviado a la guerra contra Ucrania
Entre las presuntas víctimas figura Julio Salazar, ciudadano peruano que, según el reporte, falleció en abril de 2026 mientras se encontraba en el frente de batalla.
Salazar habría viajado a Rusia junto con otros tres peruanos que sobrevivieron.
El Ministerio Público sostiene que Pinto habría coordinado y financiado los desplazamientos internacionales de estas personas con la promesa de que trabajarían como agentes de seguridad.
La muerte de Salazar forma parte de los hechos examinados por las autoridades en la investigación por presunta trata de personas con fines de explotación laboral.
Rusia reconoce que peruanos firmaron contratos militares
En abril de 2026, la Embajada de Rusia en Perú reconoció mediante un comunicado que ciudadanos peruanos habían suscrito contratos para prestar servicio en las Fuerzas Armadas rusas.
La representación diplomática sostuvo que dichas incorporaciones fueron voluntarias y que se realizaron conforme a la legislación de su país.
Esta posición contrasta con las denuncias de personas que aseguran haber sido captadas mediante ofertas de trabajo que no reflejaban las actividades que terminarían realizando.
En el caso investigado en Perú, corresponderá a las autoridades judiciales determinar las circunstancias del reclutamiento y si existieron engaños o explotación laboral.
Amnistía Internacional advierte sobre reclutamiento de extranjeros
Un informe publicado en septiembre de 2026 por Amnistía Internacional, organización internacional de derechos humanos, señaló que Rusia habría reclutado mediante engaños a miles de personas procedentes de países de bajos ingresos.
Entre las nacionalidades mencionadas en el reporte figuran ciudadanos de Brasil, Colombia, Cuba, Sri Lanka y Sudáfrica.
Las denuncias describen situaciones en las que personas atraídas por oportunidades económicas terminaron vinculadas a actividades militares.
Por su parte, investigaciones periodísticas de la agencia AFP han recogido testimonios de ciudadanos kenianos y dominicanos que denunciaron haber sido víctimas de reclutamiento forzado.
Colombia y Bolivia también investigan denuncias de reclutamiento
El caso peruano se desarrolla en un contexto de investigaciones y denuncias similares en otros países de América Latina.
Las fiscalías de Perú y Bolivia mantienen abiertas investigaciones sobre presuntos mecanismos de captación de ciudadanos para trasladarlos a Rusia.
En Colombia, la Cancillería informó haber recibido más de 800 reportes de ciudadanos relacionados con situaciones de este tipo.
Asimismo, una investigación del noticiero colombiano Noticias Caracol reunió testimonios y documentos de personas que denunciaron haber sido enviadas al frente de batalla.
En julio, la Embajada de Rusia en Colombia negó mantener vínculos con redes de reclutamiento de combatientes extranjeros.
¿Qué significa la prisión preventiva de 14 meses?
La prisión preventiva es una medida judicial que permite mantener a una persona investigada bajo custodia mientras se desarrolla un proceso penal, cuando se cumplen los requisitos establecidos por la ley.
En el caso de Pocho Pinto, el tribunal dispuso un plazo de 14 meses para esta medida, en el marco de la investigación por presunta trata de personas con fines de explotación laboral.
La decisión no constituye una condena ni implica que el investigado haya sido declarado culpable.
Durante este periodo, la Fiscalía deberá continuar con las diligencias destinadas a esclarecer cómo se realizaron las ofertas de empleo, los traslados internacionales y las circunstancias en las que los peruanos terminaron involucrados en la guerra.
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