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En el 2020, Perú triplicó el número de niñas menores de diez años de edad forzadas a ser madres, año en el que la cifra de partos registrados formalmente en ese rango de edad fue de al menos 26, una consecuencia directa del repunte de la violencia sexual durante la pandemia del coronavirus.
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La cifra fue revelada por el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo (CNV), una plataforma del Ministerio de Salud que registra los partos atendidos en los establecimientos sanitarios del país y que en 2019 había registrado tan solo 9 nacimientos en madres menores de diez años.
Al ser un registro oficial la cifra ofrece una aproximación incompleta de la problemática de los embarazos de menores, al obviar las niñas que tuvieron abortos o partos extrahospitalarios.
“Esas (26) son las niñas que lograron inscribir a sus hijos, pero no son todas las que salieron embarazadas o fueron víctimas de violación sexual”, advirtió a Efe Rossina Guerrero, directora del Centro de Promoción y Defensa de Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex).
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Detrás de este “drama”, precisó Guerrero, están las medidas de aislamiento social decretadas para frenar el avance del coronavirus, que durante meses mantuvieron cerrados los centros educativos, los servicios de salud y de atención a la mujer, “con lo cual las niñas tuvieron que vivir mucho más largo tiempo junto con los principales agresores, que son personas de su entorno familiar o cercanas a ellas”.
Cifras alarmantes
La Defensoría del Pueblo alertó esta semana que en 2020 hubo un incremento del 12 % de embarazos no deseados en Perú, especialmente en adolescentes que requerían de orientación sobre salud sexual y reproductiva. El impacto de la pandemia, sin embargo, podría ser mucho mayor.
El CNV desvela que ese total de 26 niñas entre cero y diez años que dieron luz el año pasado -la mayoría de ellas en Lima (15)-, prácticamente triplica los casos contabilizados en 2019 (9) y multiplica por cinco los registrados en 2018 y 2017 (5).
Los partos de niñas embarazadas entre los 11 y los 14 años ascendieron a 1.155 y, en adolescentes de los 15 a los 19, la cifra repuntó a 47.369. En su gran mayoría, estos embarazos se traducen en nacimientos prematuros.
En paralelo, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) recibieron más de 13.840 denuncias de violencia sexual, el 43 % de las cuales fueron víctimas adolescentes entre 12 y 17 años (6.007) y el 20,7 % niñas de 6 a 11 años de edad (2.862).
De nuevo, estas cifras perturbadoras pueden plasmar apenas una visión parcial de la realidad, pues los mismos CEM dejaron de operar durante los meses de cuarentena estricta, entre marzo y julio, cuando muchas niñas y adolescentes se vieron atrapadas en casa, desprotegidas ante sus agresores.
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En lo que va de 2021, ya se registraron en el país sudamericano un total de 3 nacimientos de madres menores de diez años; 98 de niñas entre los 11 y los 14; y 5.437 en jóvenes entre 15 y 19 años.
Embarazo adolescente, una emergencia
Las maternidades forzadas y el embarazo infantil y adolescente son asignaturas urgentes desde hace décadas en el Perú. Según la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 12,6 % de las adolescentes peruanas de entre 15 y 19 años ya eran madres o estaban embarazadas en 2019.
El 10,1 % de estos casos se reportaron en el área urbana del país y el 8,9 % en Lima Metropolitana, unos porcentajes que subieron hasta el 23 % y el 24 % en el área rural y la selva, respectivamente.
La directora de Promsex insistió en que ese promedio nacional “crece de manera brutal” en zonas selváticas como Loreto (33 %), donde existe una “altísima tolerancia a la violencia”.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU) estima que siete de cada diez madres adolescentes no querían tener un hijo, algo que supone un claro riesgo para su salud física y mental.
De hecho, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las jóvenes entre 15 y 19 años en todo el mundo.
Muchas de ellas, además, se ven obligadas a abandonar la escuela, una realidad que en Perú afecta a ocho de cada diez menores embarazadas, según estima el Ministerio de Educación.
Interrupción del embarazo
A todo esto se suma la “incongruente y absurda” ley del aborto en Perú, una norma de 1924 que prohíbe la interrupción del embarazo, salvo en caso de amenaza a la vida o salud de la gestante.
“Tenemos un aborto permitido por riesgo de vida y por riesgo de salud, pero coexiste la penalización del aborto en casos de violación sexual” que, a pesar de establecer una pena “baja” de hasta dos años de cárcel, “logra estigmatizar la práctica y criminalizarla”, criticó la responsable de Promsex.
En agosto de 2020, el ministerio de Salud dio un paso adelante al aprobar la norma técnica Nº 164, que garantiza el acceso a la anticoncepción oral de emergencia (AOE), conocida popularmente como la “píldora del día siguiente”, y el aborto terapéutico de un embarazo forzado para evitar la muerte o daños severos en la salud mental o física de la gestante.
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