Nelson Lozano, jefe de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de La Libertad, fue denunciado por el trabajador de la Gerencia de Educación, Manuel Ruiz, por el presunto delito de patrocinio ilegal.
Nelson Lozano, jefe de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de La Libertad, fue denunciado por el trabajador de la Gerencia de Educación, Manuel Ruiz, por el presunto delito de patrocinio ilegal.

La Contraloría intervendrá en la denuncia presentada en contra del , Nelson Lozano Chávez, quien fue acusado por el presunto delito de patrocinio ilegal. Esta semana, Manuel Ruiz Briones lo acusó porque asumió la defensa del consejero por Pataz, Luis Rodríguez Ponce, en un proceso contra el Estado.

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Se pronuncia

Diario Correo accedió al oficio N° 000568-2023 de la Contraloría General de la República, en donde se le notifica a Ruiz Briones que la denuncia formulada ante esa entidad cumple con todos los requisitos, por lo que fue declarada admitida. El documento fue firmado por la jefa del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de La Libertad, María Sánchez Quezada.

“Al respecto, de la revisión a la información contenida en su denuncia, se advierte que los hechos denunciados cumplen con los requisitos señalados, por lo que, de acuerdo a lo establecido, se admite su denuncia a fin de continuar con la etapa de evaluación y obtener información adicional que permita identificar de manera documentada y sustentada la ocurrencia de los presuntos hechos irregulares, o de lo contrario, desestimarlos”, se lee en el oficio que fue enviando al denunciante el último 14 de setiembre.

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El caso

Como se sabe, el consejero por la provincia de Pataz, Luis Rodríguez, está en la mira del Ministerio Público por tener, presuntamente, un título de docente falso. La parte afectada, según se determinó al inicio de la indagación, es la Gerencia Regional de Educación. En ese sentido, Nelson Lozano habría cobrado protagonismo.

Lo cierto es que el funcionario ha preferido el silencio ante los últimos cuestionamientos que surgieron en su contra. La Contraloría se comprometió a resolver este caso “en aras de la transparencia en la gestión pública”.

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