La Segunda Fiscalía Provincial Penal de Trujillo dispuso iniciar una investigación preliminar por 120 días al suspendido alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Arturo Fernández Bazán, por el presunto delito omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, ya que se habría negado durante dos meses a ordenar el pago del sueldo a siete locadores de la Procuraduría Pública.
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La denuncia la interpuso el procurador público de la MPT, Martín Salcedo Salazar, y comprendió en la misma al exgerente general de la municipalidad trujillana Jesús Velásquez Reyna y a la subgerenta de Abastecimiento Silvia Esperanza Vásquez.
Órdenes superiores
De acuerdo con la denuncia, Martín Salcedo solicitó se contrate siete locadores para la Procuraduría Pública de la MPT, a fin de avanzar con la carga procesal que se tiene, pero cuando debieron cobrar su sueldo de noviembre de 2023, todo el trámite quedó estancado en la subgerencia de Abastecimiento, pues nunca derivó la documentación a Contabilidad y luego a Tesorería. Lo propio ocurrió en diciembre. De esta situación se informó al entonces gerente general de la MPT, Jesús Velásquez, pero tampoco habría actuado para evitar que este presunto abuso se cometiera. Es más, trascendió que la orden para no pagar a los locadores de Procuraduría provenía presuntamente del otrora alcalde Arturo Fernández.
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Esto sucedió a pesar de que la ley indica que se debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los 10 días calendarios siguientes a la conformidad de los servicios.
“Presumo que el alcalde (Arturo Fernández) tomó esta supuesta represalia porque puse reparos y me negué a realizar denuncias sin sustento contra autoridades como es el caso de la prefecta regional (Carolina Velásco). Él me decía hay que denunciar, pero no había ningún sustento para ello”, dijo el procurador a Correo.
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