Manuel Sosaya López, jefe de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control de La Libertad, reveló que se han presentado 1,069 quejas escritas en contra de trabajadores del Poder Judicial de La Libertad.
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De ellas, 372 ya están en investigación, mientras que otras 679 se encuentran en indagaciones preliminares. “El 99% de las quejas son por demoras en los procesos”, confirmó.
El magistrado, asimismo, reveló que en lo que va de 2023 se solicitaron dos medidas de suspensión en contra de dos secretarios, porque habrían solicitado dinero por realizar documentos a usuarios del sistema judicial.
También se investigan las denuncias presentadas en contra de dos jueces. A ellos se les acusa de “una supuesta parcialidad”.
“Dos funcionarios y dos jueces en todo lo que va del año es una cantidad muy pequeña, estadísticamente, de incidencia en cuanto a delitos de corrupción de parte de magistrados. No es que queramos llenarnos de denuncias contra jueces, pero implica que la percepción que tiene la población de actos de corrupción en algunas entidades estatales no se ve reflejado con denuncias específicas en los órganos que se encargan de perseguir hechos incorrectos”, indicó el juez Manuel Sosaya.
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Campaña
Por ello, ayer, el presidente de la Junta de Fiscales de La Libertad, Luis Cortez Albán, junto al presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Víctor Burgos Mariños, y el jefe de la Oficina Descentralizada de Control, Manuel Sosaya, lanzaron una campaña de lucha frontal contra la corrupción.
Ellos solicitaron a los litigantes que denuncien si evidencias algún intento de cobro o tráfico de influencias de parte de jueces, fiscales o servidores del Poder Judicial y el Ministerio Público.
“La denuncia es con absoluta reserva. Necesitamos identificar a servidores que probablemente sean corruptos”, dijo Burgos Mariños.
