El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durich Whittembury Talledo, es investigado junto a otros exfuncionarios del sector Vivienda, por presuntamente haber beneficiado a la empresa Odebrecht en una obra de agua potable en Chimbote.
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El Poder Judicial declaró fundada la propuesta provisional de US$ 42′890.841,35 como reparación civil, también solicitaron el monto de S/ 9′119.316 por el delito de Lavado de Activos, ilícito no atribuido al ahora ministro.
Entre las irregularidades se encuentra la aprobación del Expediente Técnico de la obra ‘Sistema de Agua Potable de Chimbote –Lote 4′ se realizó sin una adecuada revisión y evaluación, además de la presuntas coimas a Odebrecht. Al ministro se le atribuyen los presuntos delitos de colusión agravada y asociación ilícita para delinquir, en su calidad de exdirector ejecutivo del Proyecto PARSSA (ex Proyecto Especial Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado-PRONAP)
Según la investigación, el actual ministro de Vivienda, junto a otros funcionarios, habría beneficiado a Odebrecht con la obra valorizada en poco más de US$31 millones, debido que inicialmente fueron nueve los postores precalificados para la licitación, pero en el 2004 solo aparecieron tres consorcios, entre ellos el “Consorcio Odebrecht (Brasil)”.
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Declaraciones de Jorge Barata
Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en el Perú, concretó con funcionarios para que le favorezcan con la precalificación y otorgamiento de la Buena Pro del “Proyecto Sistema de Agua Potable de Chimbote – Lote 4″, lo que ocasionó un perjuicio económico de US$ 6′076.577,76. El contrato de ejecución de obra se firmó el 27 de enero del 2005.
La ejecución del contrato estuvo marcada por varias irregularidades como sobrecostos, modificaciones contractuales como el incremento de presupuesto que fueron aprobados con la debida autorización del titular. En el hecho ilícito estarían involucrados diez funcionarios, entre ellos Whittembury Talledo
La propuesta del monto de la reparación civil aceptada por el Poder Judicial. Engloba la suma de US$ 42′890.841,35 y S/ 9′119.316, esta se estableció por el delito de colusión correspondientes al “perjuicio patrimonial producido”, otro al “daño extrapatrimonial” y delito contra la Tranquilidad Pública.
