El Sistema de Naciones Unidas en Perú alertó “sobre los serios perjuicios ambientales y económicos” que puede generar una situación de “debilitamiento de la protección” de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (piaci), al reaccionar ante un proyecto del Congreso.
En un comunicado emitido en Lima, la ONU en Perú añadió que los piaci junto a “sus bosques gestionados colectivamente son indispensables para poder encontrar solución a la crisis climática que enfrenta el mundo”.
Advirtió, además, que “la competitividad del país y su acceso a mercados internacionales pueden verse afectados si no se puede asegurar que los productos que ofrece provienen de áreas libres de deforestación”.
En ese sentido, las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en el Perú (ONU Perú) hicieron “un llamado a las autoridades sobre la importancia de respetar los compromisos internacionales y constitucionales del país relacionados con la protección de los derechos humanos, la salud y la vida” de los piaci.
Los organismos de las Naciones Unidas se pronunciaron de esta manera después de que organizaciones indígenas y sociales denunciaran que el proyecto de ley 3518 pone en riesgo a los pueblos indígenas en aislamiento, al pretender desconocer su existencia en el país.
El pronunciamiento también recordó “que estos compromisos son fundamentales para proteger la Amazonía y avanzar hacia el desarrollo sostenible”.
”Desde ONU Perú, reiteramos nuestro compromiso para apoyar al Estado peruano en el diseño y la adopción de políticas públicas basadas en evidencia que protejan los derechos de los piaci y promuevan un desarrollo sostenible, sin que nadie quede atrás”, concluyó el comunicado.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) informó el miércoles a EFE que aunque la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso decidió recomendar que el proyecto sea archivado, este aún debe ser debatido por la Comisión de Descentralización que, en caso de aprobarlo, dará luz verde para su debate en el pleno.
La Aidesep, que lidera la lucha de los pueblos indígenas contra esa propuesta, denunció que el proyecto plantea que las reservas indígenas sean aprobadas por los gobiernos regionales, con lo que dejarán de ser parte de una política nacional de protección.
