El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) mantiene activa la fiscalización a la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) tras la deflagración registrada en el kilómetro 43 del ducto de Camisea, en la zona de Megantoni, en la región Cusco. El objetivo central es determinar si la compañía cumplió con sus obligaciones técnicas y de seguridad, y si el incidente que dejó sin suministro de gas natural a miles de usuarios en el país pudo haberse evitado.
El proceso de fiscalización contempla la revisión de comunicaciones previas que TGP presentó ante el regulador antes de que ocurriera la rotura. Osinergmin evalúa si la interrupción del servicio respondió a una causa de fuerza mayor, considerando que la empresa había informado con anticipación sobre una variación transitoria en el suministro.
La entidad reguladora informó que otorgó a TGP un plazo hasta el viernes 20 de marzo para sustentar su posición frente a las autoridades. De no haber presentado los descargos en ese plazo, la compañía tiene la posibilidad de solicitar una ampliación de 15 días hábiles adicionales, cuya aprobación quedará sujeta al análisis del organismo supervisor.
Osinergmin recordó que desde el primer momento en que se reportó la emergencia en Megantoni, sus supervisores y personal del Ministerio Público se apersonaron al lugar para iniciar las diligencias. Entre las acciones ejecutadas destacan entrevistas al personal de TGP presente en la zona y la revisión de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del área.
El regulador hizo pública su posición a través de sus redes sociales el viernes 20 de marzo, donde precisó el alcance de sus investigaciones. En ese comunicado, la institución señaló que “continuamos con las acciones de fiscalización para determinar si la variación transitoria en el servicio de gas natural, tras la deflagración ocurrida en un ducto de Camisea (Cusco), se debió a una causa de fuerza mayor, evaluando el cumplimiento de las obligaciones técnicas y de seguridad por parte del concesionario”.
De comprobarse que TGP incurrió en incumplimientos a la normativa vigente, el regulador advirtió que se iniciarían los procesos sancionatorios correspondientes. Estas sanciones podrían variar en función de la gravedad de las irregularidades detectadas durante el proceso de investigación.
Posición del Ejecutivo
El último viernes, el presidente José María Balcázar se pronunció sobre la crisis energética y responsabilizó directamente a TGP por las consecuencias del incidente. El mandatario cuestionó durante una entrevista en Exitosa, la existencia de un único ducto de gas natural en el país y consideró que esa decisión de infraestructura careció de previsión estratégica y política.
Balcázar sostuvo que el Ejecutivo reaccionó inmediatamente “frente a una empresa privada, que construyó un solo ducto y se rompió”.
Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, precisó que al momento de la deflagración había 19 trabajadores de TGP en la zona de Megantoni. El titular del sector dejó entrever su posición al señalar que esa presencia implica que “esa gente algo ha hecho o algo ha dejado de hacer que ha provocado esto”, en referencia al desabastecimiento de gas vehicular y al alza de precios en otros combustibles.
Alfaro también descartó que Osinergmin hubiera incumplido sus obligaciones de supervisión previas al incidente y confirmó que el regulador ejecutó los procedimientos correspondientes en la zona. El ministro anunció además la convocatoria de un comité de cierre de crisis y un grupo de análisis para examinar lo ocurrido, ante los cuales TGP deberá exponer sus procedimientos e identificar las causas del accidente.
Sobre la posibilidad de sanciones graves, el ministro fue claro al señalar que ninguna opción está descartada mientras la investigación continúa. En ese contexto, sostuvo que “si las normas dicen, por ejemplo, que tal lugar debe llevar un cierto tipo de material o un cierto tipo de sistema para que no ocurra un accidente y ellos no lo han puesto, o han puesto de menor calidad, eso es un acto de negligencia criminal. Eso podría costarles hasta la licencia. Todo está en evaluación y no se descarta nada”.
Con la fiscalización en curso y los plazos definidos para que TGP presente sus descargos, las autoridades esperan contar próximamente con un informe técnico que permita establecer con claridad lo ocurrido en Megantoni. El resultado de esa evaluación determinará si la empresa enfrenta sanciones administrativas o medidas más severas, en un caso que ha puesto en el centro del debate la gestión de la infraestructura energética del país.
