La Contraloría General detectó presuntos pagos irregulares, como parte de incentivos por productividad, al personal de la Dirección Regional de Educación de Piura (DREP), lo que originó un perjuicio económico de más de 281,000 soles a la entidad.
De acuerdo con el Informe de Auditoría N° 014-2025-2-0739-AC, el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Dirección Regional de Educación Piura advirtió que los funcionarios y servidores de la DREP aprobaron un reajuste del incentivo por productividad que percibe el personal administrativo adscrito al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276, el cual no cuenta con el sustento técnico ni legal, ocasionando un perjuicio económico por el importe de S/ 281,872.
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Según el informe, el incentivo por productividad, un beneficio adicional al incentivo único CAFAE, que perciben los servidores administrativos de la sede regional adscritos a este régimen laboral, desde el año 2013 al 31 de diciembre de 2023, se debió a una sentencia judicial recaída en el expediente N° 076-2009-0-2001-JR-C1-01, que se venía otorgando mensualmente en base al nivel y monto señalado en la directiva.
Sin embargo, en el mes de octubre de 2024, los funcionarios y servidores aprobaron un incremento económico para el personal administrativo como un “reintegro” de incentivo entre los meses de enero a septiembre de 2024, el mismo que se extendió hasta diciembre del mismo año, pese a que no tenía sustento técnico ni legal, por lo que transgredieron la normativa.
Cabe indicar que de acuerdo con la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024, se estableció la prohibición de reajustes o incrementos de remuneraciones, bonificaciones y otros conceptos remunerativos o beneficios de cualquier naturaleza.
Ante esta situación, que provocó una pérdida económica de S/ 281,872 a la DREP, se habría dado por el accionar del director de la Oficina de Administración, responsable del Área de Remuneraciones y del Técnico Administrativo de Remuneraciones. Los funcionarios comprendidos en los hechos y presuntas responsabilidades identificadas son Israel Ramón Pongo, William Palacios Farfán y Richard Panta Bayona.
Miguel Dávila, administrador de la DREP, explicó que la entidad ha venido cumpliendo con el pago en cumplimiento del mandato judicial, pero están haciendo las coordinaciones para que el pago por incentivos por productividad sea incluido en el AIRHSP. Dávila agregó que en el 2024 habrían pagado el monto que no corresponde y ya está suspendido.
“Existe el mandato judicial firme y consentido que se ordena el pago por productividad de manera mensual, entonces la controversia está en el monto que se ha venido pagando y no estaba establecido en la directiva. Y a partir del 2024, funcionarios de ese momento tomaron la decisión de nivelar el monto que se pagaba por productividad a lo que establece la directiva y eso es lo que está en controversia”, explicó.
