Las declaraciones del presidente ejecutivo de Southern, Óscar González Rocha, vertidas está semana sobre el reinicio de la construcción de la base minera del proyecto cuprífero Tía María, ha vuelto a despertar el rechazo de una parte de la población del valle de Tambo, en la provincia de Islay, que ha respondido con una movilización con la que, advierten, es el inició de una serie de acciones contra la minera.
“Este año vamos a iniciar la reanudación del proyecto después de 15 años, la población está de acuerdo (con el proyecto) y hay pequeñas cantidades de inconformes... No llegan a las 20 personas”, dijo González Rocha. Las declaraciones del empresario encendieron la mecha de la protesta dormida en el valle desde el 2019, año en que la población del distrito de Cocachacra y otras jurisdicciones de Tambo, salieron a las calles para mostrar su disconformidad con la entrega de la licencia construcción a Southern.
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Pamela Arisaca es una trabajadora del campo, actividad que desarrolla desde muy joven para alimentar a su familia.
Afirma que el trabajo en la chacra es duro, pero le ha permitido darle estudios a sus hijos. “La minera no es la única solución para poder trabajar, aquí vivimos de la agricultura, no la necesitamos”, dijo la mujer que durante gran parte del día de ayer plantó cebolla en un terreno ubicado en Punta de Bombón para después de las 2 de la tarde, dejar su actividad y acudir al llamado de la protesta contra la minera.
Cómo ella, centenares de personas dedicadas al trabajo en el campo, se concentraron en la plaza San Francisco del distrito de Cocachacra y el sector de La Curva, en Deán Valdivia, para hacer sentir su voz de protesta para demostrar que no son pocos quienes todavía rechazan la presencia de Southern en Tambo.
“Dijo que eran 20 personas, ¿no?; pues aquí están los agricultores, que son la gran mayoría de la población, están en contra de la minera. No es cierto que tenga ya la licencia social para el proyecto”, dijo Miguel Meza, vocero de las organizaciones civiles en el valle de Tambo.
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Su posición fue refrendada por los alcaldes de Cocachacra, Deán Valdivia, Punta de Bombón, Mejía y provincial de Islay, Richard Ale Cruz, a través de un pronunciamiento. “Tía María no ha superado el conflicto social con la población, no ha podido demostrar las garantías ambientales suficientes para demostrar su convivencia con la agricultura... Mientras no se tenga la licencia social, resulta inviable la actividad u operación minera en la provincia de Islay”, dice el documento difundido a través de redes sociales.
Minutos antes de las 4 de la tarde, la población reunida, se movilizó desde La curva hacia Cocachacra en tractores, camionetas, camiones, motos, autos y cuánto vehículo tuvieron a la mano. Tuvieron la intervención de llegar hasta el sector del Fiscal, en la carretera Panamericana Sur. Pero, por el tránsito lento de los vehículos y el paso de las horas.
Solo se desplazaron por las calles de Cocachacra para terminar en la plaza San Francisco, donde los voceros de la movilización anunciaron que se acatará un paro de 48 horas el 18 y 19 de julio. Además, en reunión que sostendrán hoy en Mollendo, definirán que otras acciones más realizarán contra la minera para no permitir, una vez más, que se instale e inicie sus operaciones extractivas en 2027, como tiene proyectado la compañía minera.
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