Martín Salcedo Salazar, procurador público de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), informó que ha denunciado ante la Fiscalía al alcalde Arturo Fernández Bazán y al gerente general de la comuna, Jesús Velásquez Reyna.
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Al primero se le acusa de nombramiento indebido del cargo; mientras que al segundo, de aceptación ilegal del cargo y por falsedad ideológica, ya que habría presentado documentación falsa para llegar a ese importante puesto.
Otra denuncia
El procurador anunció, además, que hoy ingresaría una nueva denuncia contra los que resulten responsables del robo de materiales de construcción del complejo deportico Chan Chan. Sobre este y el caso de la designación del gerente general, Salcedo comentó que realizó una investigación previa y tras recopilar la información necesaria, optó por realizar la primera denuncia y proceder hoy con la segunda.
“Cuando yo hago una denuncia no me apresuro, reúno todos los elementos necesarios para ahorrarle la tarea a la Fiscalía de estar solicitando información adicional”, agregó.
Fue la Contraloría General de la República, mediante oficio N°050-2023, la que señaló que Jesús Velásquez, no cumplía con el perfil para ocupar el cargo de gerente general de la MPT.
Es más, se señala que el funcionario presentó documentación falsa para acreditar experiencia y asumir el puesto, pues entregó un certificado presuntamente ficticio para indicar que trabajó como jefe de proyectos en la empresa TOPSAC S.R.L.
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Robo de material
En relación al robo del material de construcción del complejo Chan Chan, fue el regidor Mario Reyna el que alertó a la Procuraduría sobre el latrocinio.
El material estaba almacenado en ese local debido a que la obra de rehabilitación está paralizada por un arbitraje.
Días previos al robo, fue el alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, quien reaperturó el complejo deportivo derribando la pared trasera que colinda con la calle Titu Cusi Huallpa. Este hecho y otra evidencias, tales como videos en los que se ve a funcionarios ingresando al recinto deportivo, horas antes del latrocinio, han sido tomados en cuenta para la acusación.
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En aprietos
La situación legal de Arturo Fernández es complicada,pues el último martes, 12 regidores lo denunciaron ante la Fiscalía por los disturbios en la MPT y agresión a los concejales durante la sesión de concejo para ratificar sus suspensión del cargo.
La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de La Libertad también denunció a Fernández por los presuntos delitos de desacato a la autoridad y atentado contra el patrimonio cultural por modificar los colores de la fachada de la municipalidad.
También se levantó un acta con Fiscalía por colocar una estatua de un tiburón en la plaza mayor y organizar eventos como venta de comida en los alrededores. Se tiene que elaborar carpeta fiscal.
Además, el general PNP Augusto Ríos Tiravanti, exjefe de la Policía en La Libertad, denunció ante la Fiscalía a Arturo Fernández por desobediencia y resistencia a la autoridad, pues el alcalde vulneró las garantías que la Prefectura le otorgó tras los constantes insultos de los que era blanco por parte del burgomaestre.
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Casos difamación
La autoridad edil tendrá que asistir este 28 de noviembre al juicio oral por la denuncia por el delito de difamación agravada que le interpuso el arqueólogo Ricardo Morales Gamarra, a quien calificó de traficante de piezas arqueológicas.
También lo denunciaron por el mismo delito el presidente de la Corte de Justicia de La Libertad, Víctor Burgos Mariños, y el trabajador municioal Julio Morillo Rodríguez.
Al magistrado lo vínculó con la organización criminal “Cuellos Blancos”, mientras que al segundo lo tildó de “delincuente” y “coimero”. Todo esto lo hizo por redes sociales.
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