Proponen medida para reducir deforestación de proyectos viales en la Amazonía

Situación alarmante fue expuesta por la ingeniera ambiental Fanny Enciso (Difusión)

Actualizado el 10/04/2021, 03:57 p.m.

Casi 3 millones de hectáreas de bosques ha perdido Perú a causa de la deforestación y las regiones de Loreto, San Martín y Ucayali han sido las más perjudicadas, sobretodo por la expansión vial. Por este motivo, la sociedad civil presentó una propuesta de medida NDC (Contribuciones Nacionalmente Determinadas), para lograr una infraestructura vial sostenible que garantice los servicios de salud, educación y seguridad alimentaria a la población, así como la reducción de los gases de efecto invernadero (GEI) asociados al sector Uso de la Tierra y Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura (UTCUTS).

“Requerimos que la infraestructura vial se planifique para reducir los impactos sobre nuestros bosques, recurso valioso para hacer frente al cambio climático”, expresó Isabel Gonzales, coordinadora del programa Cambio Climático y Bosques de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

Luzidnya Cerrón, ingeniera agrícola e integrante del equipo responsable de la elaboración de esta propuesta, explicó que, a nivel nacional, Perú ha perdido 2 millones 284 972 hectáreas (2001-2018) a causa de la deforestación. De esta cifra, 1 millón 255 516 corresponden a Loreto, San Martín y Ucayali, lo que representa el 54% del total de pérdida de bosques en el Bioma Amazónico.

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“De este millón 255 516, unas 251,737 Ha se asocian a la deforestación causada por la expansión de carreteras; esto ocurre por la falta de planificación en infraestructura vial, la ausencia de mecanismos de supervisión y fiscalización en la ejecución de estas obras y porque el cambio climático no es contemplado en los instrumentos de planificación, entre otros factores”, expuso.

Esto ocasiona una serie de impactos negativos como el desplazamiento de especies endémicas, la fragmentación de bosques y pérdida de ecosistemas, por lo que es necesario que las medidas de mitigación tengan un enfoque de intervención temprana frente al cambio climático.

“En el marco de la COP 25, se manifestó por parte de nuestros representantes la intención de formular una novena medida de mitigación, cuya propuesta estamos presentando. Para ello se realizaron consultorías y talleres de socialización con la sociedad civil, gobiernos regionales y organizaciones indígenas”, agregó.

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Al elaborar esta propuesta, se observó que los factores causantes de la deforestación son: el aumento de la infraestructura vial, comercial e industrial, así como de servicios públicos. Otras causas fueron la expansión de la agricultura y la ganadería, la extracción de madera, el incremento poblacional y el crecimiento del mercado, indicó Eduardo Rojas, ingeniero ambiental.

REGIONES EN PELIGRO

Una situación alarmante fue expuesta por la ingeniera ambiental Fanny Enciso, quien informó que Loreto, en el periodo 2001 al 2018, perdió 56,813 Ha de bosques por la ejecución de proyectos viales. De no hacer algo al respecto, se podrían perder 33,921 Ha de bosques entre el 2019 y el 2030.

Algo similar ocurriría en Ucayali, que perdió 82,808 Ha de bosques debido a proyectos viales, mientras que la región San Martín ha perdido 112,116 Ha de bosques por la misma causa. Ambas regiones podrían perder 30,004 Ha y 32,952 Ha, respectivamente, en el periodo 2019-2030.

Finalmente, el economista Javier Montoya explicó que la propuesta también incluye una evaluación económica que permite cuantificar monetariamente los beneficios de la implementación de esta iniciativa. “Es necesario poder medir cuánto le costaría al Estado, o a la empresa privada implementar un proyecto vial sostenible. Aquí el principal inversionista sería el Estado Peruano, por lo que los beneficios serían percibidos principalmente por sus ciudadanos”, detalló.

El siguiente paso es involucrar a los sectores competentes para que tengan una participación activa, agregó que se trata de hacer un trabajo intersectorial que contemple los aportes de la sociedad civil, las organizaciones indígenas y los gobiernos regionales.

Los actores que deben estar involucrados en la puesta en marcha de esta medida son: el MINAM, el MTC, MEF, SERFOR, MINCUL, OSINFOR, comunidades indígenas, gobiernos regionales, sociedad civil, entre otros.