La Fiscalía Provincial Mixta del distrito La Banda de Shilcayo obtuvo una condena ejemplar contra una banda de seis personas responsables de un violento asalto cometido en la región San Martín. El caso generó indignación en la ciudadanía al conocerse que dos de los sentenciados eran efectivos de la Policía Nacional que se encontraban en pleno ejercicio de sus funciones al momento de cometer el crimen.
El hecho delictivo ocurrió la mañana del 8 de marzo de 2024, cuando dos sujetos armados irrumpieron en un establecimiento comercial de la cuadra 3 del jirón Amazonas. Amenazaron a las trabajadoras del local y se apoderaron de aproximadamente diez mil soles en efectivo, además de un teléfono celular, documentos personales, tarjetas bancarias y otros bienes de valor.
La investigación fiscal estableció que el asalto no fue un acto espontáneo, sino una operación previamente planificada con funciones distribuidas entre los participantes. Mientras dos de ellos ingresaron al local para ejecutar el robo, los demás brindaron respaldo logístico para facilitar la huida, valiéndose de motocicletas con requisitoria vigente por hurto, lo que evidenció un historial delictivo previo en el grupo.
Las condenas
El Poder Judicial sentenció a Silver Mozombite, Hércules Mozombite y Enrique Paredes a 30 años de pena privativa de libertad por el delito de robo agravado. Anthony Serroy, Carlos Gamarra y Jaime García recibieron 23 años por el mismo ilícito, mientras que Gamarra y García acumularon además cuatro años adicionales por receptación agravada, sanción que se agravó al comprobarse que ambos eran efectivos policiales en actividad durante los hechos.
A lo largo del juicio, la Fiscalía demostró que los seis acusados actuaron como coautores con pleno conocimiento y voluntad de participar en el delito. La contundencia del material probatorio desarticuló cualquier intento de desvinculación individual y sustentó la responsabilidad penal de cada uno de los implicados.
El Ministerio Público informó además que los condenados son investigados por su presunta vinculación a la organización criminal “Los Piratas”, lo que abre una línea adicional de pesquisa en la lucha contra estructuras delictivas en la región. El caso reafirma el compromiso institucional de combatir la criminalidad sin distinción, dejando en claro que ningún funcionario público está por encima de la ley.
