La norma aprobada por el Gobierno para la expulsión de los extranjeros a su país de origen al término de su condena, por la comisión de diferentes delitos, implicaría la suscripción de un tratado bilateral con otros países.
Así lo advirtió a diario Correo el penalista Luis Lamas Puccio, quien explicó, por ejemplo, que nuestro país tiene que firmar un tratado bilateral con Venezuela, por ejemplo, para la repatriación de sus prisioneros.
“De esa manera, una vez que se haya definido la situación jurídica de los venezolanos acá, estos vayan a su país a cumplir su condena por razones humanitarias”, añadió.
Asimismo, alertó que la expulsión representa un gran problema porque esta figura legal obliga a instaurar toda una logística que va desde el traslado de personas hasta el financiamiento de los vuelos. “¿Y quién asumirá esos costos”, se preguntó el penalista.
LA MAYOR POBLACIÓN
A propósito de la norma gubernamental que permite la expulsión de los extranjeros que delinquen, resulta oportuno destacar que los foráneos que habitan las cárceles peruanas llegan a los 4,213 internos, cifra que representa el 5% del total de presos en el país (88,934), según el INPE.
Del total de extranjeros, 2,903 son venezolanos, 672 colombianos, 154 ecuatorianos, 112 mexicanos, 67 bolivianos, 51 brasileños y el resto de nacionalidades en menor proporción.
Sin embargo, lo más interesante radica en el desagregado de la población penal extranjera por delitos específicos.
Así, tenemos internos por robo agravado (1,126), tentativa de robo agravado (560), tráfico ilícito de drogas (534), tráfico ilícito de droga en forma agravada (226), homicidio calificado (104), extorsión (86), hurto agravado (60) y tenencia ilegal de armas (125).
Asimismo, secuestro (46), violación sexual de menores (57), explotación sexual (37), homicidio simple (36), organización criminal (35), tentativa de feminicidio (33), banda criminal (32), microcomercialización de droga (33), y otros delitos (570).
