La Contraloría advirtió situaciones de riesgo que afectarían la reconstrucción del Hospital de Apoyo Saúl Garrido Rosillo II-1, que inició sus trabajos el pasado 12 de abril en la provincia de Tumbes. El proyecto, financiado por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), está valorizado en más de S/189 millones y se encuentra a cargo del Gobierno Regional de Tumbes.
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Según el Informe de Hito de Control n°11335-2023-CG/GRTB-SCC, en el Estudio de Mecánica de Suelos (EMS) realizado por el contratista, las condiciones físicas y químicas del suelo donde se ejecutan los trabajos no son similares a las del expediente técnico aprobado por el Gobierno Regional.
El nuevo estudio indica que los suelos tienen alto contenido de sulfatos y son dañinos para las estructuras, por lo que recomienda utilizar cemento tipo V en la superficie, mientras que en el expediente técnico no indica dicha advertencia y sugiere el uso de tipo I (común).
Además, durante la revisión al expediente, se evidenció la falta de fichas técnicas y características de partidas de instalaciones mecánicas, tampoco contaban con la memoria de cálculo del sistema de energía renovable.
También, se advirtieron inconsistencias en las partidas de instalaciones eléctricas, en sus especificaciones técnicas y planos, lo que podría generar retrasos en el desarrollo de la obra por la formulación y atención de consultas por el contratista.
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Asimismo, en la documentación presentada por el supervisor para la contratación, se detectó que existen dos propuestas económicas distintas para las remuneraciones de los profesionales de la supervisión, situación que podría generar incertidumbre sobre cuál será la oferta válida para los pagos.
Asimismo, para acreditar el alquiler de una camioneta 4x4 como parte del equipamiento estratégico, la supervisión presentó un contrato, sin adjuntar documento que corroboré la propiedad del bien. Del mismo modo, para certificar los equipos de cómputo e impresoras, se presentó una guía de remisión de venta, pero con punto de llegada en la región San Martín y no Tumbes, por lo que no se puede asegurar su uso para los fines requeridos.
Adicionalmente, se identificó que el plantel del contratista y supervisión no cumplen con su jornada laboral de acuerdo a la participación que se señala en el expediente técnico, cronograma y documentos para firma de contrato, generando riesgos como el pago por servicios no prestados, afectar la calidad y vida útil de la obra, y que no se apliquen las penalidades.
También, se encontró que, al 31 de mayo, los especialistas en instalaciones mecánicas y costos, metrados y valorizaciones de la supervisión, no se encontraban habilitados por el Colegio de Ingenieros del Perú, lo que pone en riesgo de la legalidad de los informes suscritos por ambos profesionales.
El documento fue enviado al Gobernador Regional de Tumbes, para que adopte las acciones necesarias.
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