La propuesta genera división entre quienes la apoyan y quienes critican su efectividad y posible estigmatización de los jóvenes. (Foto: Gobierno del Perú)
La propuesta genera división entre quienes la apoyan y quienes critican su efectividad y posible estigmatización de los jóvenes. (Foto: Gobierno del Perú)

El posible regreso del servicio militar obligatorio ha cobrado protagonismo en la agenda pública, esta vez como una supuesta solución ante el aumento de delitos cometidos por menores de edad. Aunque casos como el reciente asesinato de un colectivero en Puente Piedra, a manos de dos adolescentes de 13 y 14 años, han generado alarma, las cifras oficiales muestran una realidad diferente: según el Ministerio Público y el Poder Judicial, solo el 1 % de los delincuentes son menores de edad, y menos del 9 % de los sentenciados tienen menos de 18 años.

Pese a ello, dos propuestas buscan reinstaurar el servicio militar obligatorio en el Perú.

La primera, presentada por la congresista María Grimaneza Acuña Peralta (Alianza para el Progreso), plantea una reforma integral a la Ley 29248. El proyecto, titulado “Ley que establece el servicio militar obligatorio”, argumenta que esta medida fortalecerá la defensa nacional y ayudará a reducir la delincuencia juvenil, señalando que la transición al servicio militar voluntario provocó una pérdida de “control generacional” por parte del Estado.

La segunda iniciativa proviene de la Municipalidad de Los Olivos, que propone el servicio militar obligatorio como una medida para mejorar la seguridad ciudadana. Según el documento enviado al Congreso, esta modalidad sería aplicada a jóvenes desempleados por más de 12 meses consecutivos, buscando coordinar esfuerzos entre el Estado y los gobiernos locales para combatir la inseguridad.

Ambas propuestas han generado polémica, reavivando el debate sobre la eficacia del servicio militar obligatorio como herramienta para abordar problemas sociales como la delincuencia juvenil y el desempleo.

Mientras algunos sectores respaldan la medida como un esfuerzo necesario, otros cuestionan su efectividad y denuncian la estigmatización de los jóvenes como principales responsables de la inseguridad.

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