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Los congresistas de la República cobran mensualmente, por semana de representación, 2 mil 800 soles y deben justificar, a través de un informe, si cumplen con esa función. Sin embargo, entre los meses de setiembre y octubre, de acuerdos a documentos del Parlamento, 43 legisladores cobraron su bono de representación, pero no han entregado sus informes.
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En el mes de setiembre, por ejemplo, fueron 17 parlamentarios los que no entregaron sus informes de representación. Entre ellos figuran la fujimorista María del Pilar Cordero, Jorge Motoya (Renovación Popular), José Luna (Podemos) y la primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, entre otros.
Aquí puedes ver la lista a la que accedió Correo.
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De esta lista, pudimos verificar que Guido Bellido no presentó sus documentos, porque era presidente del Consejo de Ministros. Lo mismo sucede con Roberto Sánchez, actual ministro de Comercio Exterior y Turismo.
En el mes de octubre, figuran 44 congresistas que cobraron, pero no entregaron sus informes. En la lista a la que accedimos figura la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, así como Enrique Wong (Podemos), segundo vicepresidente del Congreso, además de José Willians Zapata (Avanza País), Heidy Juárez (Alianza para el Progreso), entre otros.
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De esta lista, según la última actualización que hicimos, tras una revisión de cada informe que entregaron los parlamentarios, corroboramos que Betssy Chávez (Perú Libre) no entregó el documento porque asumió el cargo de ministra de Trabajo en esa fecha. También verificamos que Lady Camones (APP) y Juan Burgos (Avanza País) entregaron sus informes, días atrás. En el caso de Kira Alcarraz, según nos informaron desde su despacho, estuvo de viaje en Rusia.
ANÁLISIS
Para el especialista en temas legislativos, César Aliaga, dependerá de la Mesa Directiva del Congreso cambiar situaciones como la falta de entrega de informes de representación de los parlamentarios, pese a cobrar una asignación.
“En muchos casos los congresistas simplemente, para cumplir con la formalidad, lo rellenan de entrevistas o actividades particulares. La Mesa Directiva tiene la facultad y el deber de evitar estas inconductas que afectan los recursos públicos”, sostuvo el especialista.
En esa línea, Aliaga dijo que la solución para este problema es que se apruebe un Acuerdo de Mesa Directiva con tres medidas: delimitar qué actividades califican como representación, establecer que el pago por representación sea posterior a la presentación del informe mensual y solicitar que la Contraloría fiscalice mensualmente los informes.
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“Estos casos deberían ser sancionados por la Comisión de Ética del Congreso ya que configuran un incumplimiento de los deberes congresales conforme al Código de Ética Parlamentaria”, destacó.
