Las organizaciones políticas con representación parlamentaria continúan usando, de manera inadecuada, los recursos públicos que reciben cada año para que formen y capaciten a sus cuadros partidarios y solventen sus gastos de funcionamiento.
Lejos de los loables propósitos del Financiamiento Público Directo (FPD), los partidos políticos mal utilizan dichos recursos en pagos como asesoría legal para sus cuestionados dirigentes.
Este es el caso del partido Perú Libre que, desde marzo de 2022 hasta diciembre de 2024, pagó con dinero de todos los peruanos la suma de 257 mil 131 soles al abogado de su prófugo líder, Vladimir Cerrón.
Servicio
Solo en 2024, el abogado José Llumpo Agapito recibió un total de 135 mil soles por “servicios de asesoría legal”. Entre julio y diciembre de 2024, el citado letrado recibió 54 mil soles, conforme se puede observar en el informe de rendición de cuentas, correspondiente al segundo semestre del año pasado, que Perú Libre presentó el 15 de enero a la Oficina Nacional de Procesos Electorales y al que accedió Correo.
Este tipo de gastos no está contemplado en el FPD. Por esta razón la propuesta que restituye el financiamiento privado a los partidos políticos (aprobada el 6 de enero en segunda votación en la Comisión Permanente), también incluye el uso del financiamiento público para el pago de asesoría legal para los dirigentes y voceros de los partidos.
Defensor
En octubre del 2023, Llumpo Agapito presentó un hábeas corpus a favor de Cerrón y solicitó la nulidad de la sentencia de tres años y seis meses de prisión que se le impuso por el Caso Aeródromo Wanka. Este recurso fue admitido por el Tribunal Constitucional que, en diciembre pasado, anuló parcialmente dicha sentencia.
Frente a estos pagos inadecuados, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) solo se limitó, en su informe técnico del segundo semestre de 2023, a confirmar el servicio prestado y exhortar a Perú Libre a “priorizar la ejecución de las actividades de formación, capacitación, investigación y difusión, bajo los criterios de igualdad, paridad y no discriminación...”
