Letrados alegan que las acusaciones carecen de fundamento jurídico y responden a intereses políticos.
Letrados alegan que las acusaciones carecen de fundamento jurídico y responden a intereses políticos.

Julio Rodríguez y Wilber Medina, abogados del presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos, defendieron su permanencia en el cargo durante la audiencia por el pedido de vacancia en su contra. La defensa sostuvo que no existe ninguna condena penal que lo inhabilite y que el proceso busca debilitar a la institución.

Los letrados precisaron que Ríos nunca fue condenado por un delito penal de violencia contra la mujer, como establece la ley orgánica de la JNJ para ser causal de impedimento. “No puede interpretarse un peritaje de estrés o malestar psicológico como una condena penal”, remarcaron.

Respecto a las cuestionadas dos sentencias por violencia psicológica, la defensa explicó que se originaron en un proceso de divorcio y que los peritajes realizados arrojaron resultados similares para ambas partes.

Pedido de vacancia sin sustento jurídico

La defensa cuestionó que la solicitud de vacancia se sustente en opiniones subjetivas y en la exposición de información personal, lo que, afirmaron, constituye una vulneración del derecho a la intimidad. “Este proceso carece de soporte técnico y responde a intereses políticos”, señalaron.

Según los abogados, el objetivo es desprestigiar a Ríos y debilitar a la JNJ para favorecer la imposición de un presidente alineado con intereses particulares.

“Los solicitantes (de la vacancia) no han hecho un informe con alegatos objetivos técnicos. Solo se han limitado a hacer opiniones ideológicas, a querer descabezar la junta a efectos de sacar al señor Ríos e imponer una persona que responda a sus intereses, como ocurrió con la junta anterior”, declaró para la prensa el abogado Wilber Medina.

Próximos pasos en la JNJ

Tras la audiencia, se informó que la JNJ aún no ha definido la fecha en que se realizará la votación final sobre la vacancia. Los defensores de Ríos insistieron en que la decisión debe tomarse con estricto apego a la legalidad y sin presiones externas.

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