Además de Huatay, Rodolfo Orellana, Benedicto Jiménez y Gustavo Salazar pueden ejercer como abogados

Pedro Angulo, presidente del CAL, exhortó al Congreso a que plantee una ley para que los juristas que incurran en delitos graves "se les pueda cancelar sus títulos"
Además de Huatay, Rodolfo Orellana, Benedicto Jiménez y Gustavo Salazar pueden ejercer como abogados

Además de Huatay, Rodolfo Orellana, Benedicto Jiménez y Gustavo Salazar pueden ejercer como abogados

21 de Octubre del 2017 - 10:06 » Textos: Aaron Salomón @aaronsalomong » Fotos: Correo

La posibilidad de que la terrorista excarcelada Martha Huatay pueda ejercer como abogada ha destapado una olla de grillos. Y es que el caso de la senderista no es aislado, puesto que diversos juristas que cayeron en las garras de la corrupción siguen habilitados para continuar libremente con su profesión.

Vale hacer un paréntesis para mencionar que, pese a que la dirección de Ética del Colegio de Abogado de Lima (CAL) optó por iniciar un proceso de investigación a la senderista, esta todavía puede ejercer como abogada hasta que la entidad emita un pronunciamiento en el sentido de su situación.

Así las cosas, basta con nombrar a cuestionados letrados como Rodolfo Orellana (procesado por lavado de activos), Benedicto Jiménez (incluido en la red Orellana) y Gustavo Salazar Delgado (presunto intermediario entre Odebrecht y el exgobernador Jorge Acurio) para encender todas las alarmas.

En conversación con Correo, el titular del CAL, Pedro Angulo, al ser consultado sobre si los mencionados podrían ser inhabilitados, dijo que sendos casos se encuentran todavía en la dirección de Ética de su entidad. Por lo tanto, no cuentan con impedimentos para poner en práctica el Derecho.

Es en este escenario que Angulo exhortó al Congreso a que plantee una norma para que a todos los profesionales -no solo los abogados- que incurran en delitos gravísimos se les pueda cancelar sus títulos.

Asimismo, sostuvo que el Ejecutivo podría extender para otros delitos la ley de muerte civil para los funcionarios condenados por corrupción.