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Escrito por Damián Retamozo y Karina Valencia
Firme respuesta. “Un acto ilegal”, eso constituiría, según la Defensoría del Pueblo, la posible remoción de la jefa de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), María Jara.
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La cabeza de la ATU fue uno de los cargos, junto a la titularidad de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, ofreció reemplazar ante la amenaza de huelga de un sector de transportistas.
Al respecto, expertos en la materia, entre ellos, Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, han explicado que la designación de la titular de la ATU, así como de los miembros del Consejo Directivo, tiene una vigencia de 5 años, de acuerdo a la Ley Nº 30900, que creó el organismo en el 2018.
La difusión de las conversaciones que Silva sostuvo con los transportistas, en las que también hubo un compromiso de ampliar por 10 años las autorizaciones de las rutas de las combis, coasters y buses, ha traído consigo una lluvia de críticas contra el ministro por el retroceso que le generaría a la reforma del transporte.
La situación se agravó esta semana al hacerse efectivo el cambio en la jefatura de la Sutran un día después del encuentro sostenido por el titular del MTC con los transportistas.
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PANORAMA. Pero, ¿qué implica la reforma del transporte y en qué situación nos encontramos hoy? Una ordenanza de 1997 de la Municipalidad de Lima permitió que surjan diversas empresas de transportes “afiliadoras” en la capital, grupos que sin unidades propias solicitaban a la comuna rutas que puedan hacer servicio con vehículos alquilados. Con el tiempo, ello también trajo consigo desorden y congestionamiento en las principales vías.
Solo en Lima existen un promedio de 350 empresas de transportes tradicional que comparten esta particularidad. La llegada de la reforma de transporte implica, entre otros puntos, un nuevo estándar de vehículo que funcionen dentro de un sistema integrado a favor del usuario.
Si bien un sector aceptó el cambio de la mano con la implementación del Metropolitano y los Corredores Complementarios, quedaron más de 200 compañías al margen de la propuesta.
Según Quispe Candia, de este último grupo solo el 20% está dispuesto a cumplir con las condiciones que exige la ATU para participar en las licitaciones de rutas en la capital (recaudo electrónico, control con GPS, planilla para trabajadores, etc.). En el resto -dijo- prefieren continuar con el esquema de alquiler de los vehículos antes de constituirse como empresa.
“En tres años de la ATU, lo que sí podemos afirmar es que ya terminaron el plan regulador, el plan maestro. Entiendo que están preparando las bases para convocar a concurso. Ese el estado de las cosas en este momento. Se ha avanzado lentamente, pero se ha avanzado”, señaló Quispe Candia a Correo.
FIRME. La semana ha dejado muy mal parado al ministro Silva. Tanto es así que ayer, a través de un pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo le pidió que “asuma un real compromiso de promover una verdadera reforma del transporte urbano” a cargo de la ATU y muestre su respaldo a las labores de fiscalización de la Sutran. Esto ante el ofrecimiento de reemplazo para ambas jefaturas.
“Advertimos que la ATU fue creada por la Ley No. 30900, según la cual la designación de su titular tiene una duración de 5 años, por lo que una posible remoción constituiría un acto ilegal debido a que apenas han transcurrido dos años desde el nombramiento de la actual presidenta ejecutiva”, precisó el organismo
En esa línea, la Defensoría manifestó que dicha entidad “tiene pendiente cumplir con aprobar los planes aplicables al transporte que permitirán realizar un diseño sostenible de la movilidad urbana y realizar convocatorias a concursos públicos para cubrir las demandas de transporte de la ciudad”.
Finalmente, el organismo a cargo de Wálter Gutiérrez exhortó al titular del MTC “a no debilitar la institucionalidad en el transporte” y solicitó al Gobierno “que asuma con responsabilidad la regulación y la supervisión del transporte público nacional”.
POSTURAS. Por su parte, En otro momento, Quispe Candia cuestionó que el Gobierno busque cumplir con el ofrecimiento hecho a los transportistas informales en la campaña electoral y que fue desaparecer la ATU y la Sutran, de acuerdo a las acciones vistas esta semana por el MTC.
En ese sentido, consideró que el ministro Silva actúa “con absoluta irresponsabilidad” al pensar en dar beneficios a empresas en lugar de a los 11 millones de habitantes de la capital.
“Lo que sí hay que defender es no a la persona, sino a la institución. La ATU no puede ser tocada en un ápice, la ley es muy clara y debería mantenerse (...). Eso es lo más absurdo y lo peor que todo es que toman el nombre del pueblo, de que están defendiendo al pueblo, cuando esta decisión es absolutamente en contra del pueblo”, manifestó.
Por su parte, en entrevista con TV Perú, Mariana Alegre, directora del colectivo Lima Cómo Vamos, indicó que los anuncios hechos por Silva “demuestran una falta de interés en continuar con estos procesos de transformación en beneficio de la ciudadanía”, así como una debilidad frente a quienes no contribuyen a la mejora del sistema, “que son justamente los informales”.
“Es importante recodar que los servicios de combis informales o ilegales existen porque hay una ausencia de servicio y calidad de servicio. Y eso es a lo que apunta la reforma del transporte, a solucionar la prestación del servicio vigente, pero también a cubrir aquellas zonas no atendidas y atender la demanda insatisfecha”, refirió.
Ministro Silva citado para este miércoles
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, tendrá que asistir este miércoles a las cuatro de la tarde a la Comisión de Transportes del Congreso. Allí fue citado para que explique las razones por las que se comprometió con un grupo de transportistas a ampliar por 10 años la autorización a las combis y coasters.
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