No solo los fiscales del disuelto Equipo Especial Lava Jato, a cargo del hoy desaparecido fiscal Rafael Vela, tienen pendiente responder sobre su desempeño en emblemáticos casos judiciales.
Fueron al menos ocho magistrados del Poder Judicial los que dictaron o avalaron medidas, como prisiones preventivas, que dieron luz verde a la continuación de procesos judiciales luego descartados por el Tribunal Constitucional (TC).
Los casos Cócteles y Aportes al Partido Nacionalista fueron anulados –en octubre del 2025 y julio del 2026– tras recordarse que la figura penal que intentaba usar la Fiscalía, contra Keiko Fujimori y la expareja presidencial Ollanta Humala y Nadine Heredia, respectivamente, fue incorporada al Código Penal después de los hechos aparentemente cometidos.
Conveniencias
El silencio del Poder Judicial (PJ), en relación al trabajo de los jueces que intervinieron en dichos casos, es ominoso. Sí existe, en cambio, una justificada defensa a la independencia judicial carente de toda autocrítica.
“Debo destacar el compromiso que representa que la presidenta haya jurado afirmando que respetará la independencia, la separación de poderes y la democracia. Nos preocupa, sin embargo, que su palabra contraste frontalmente con voces recientes que, desde el ataque y la diatriba hacia la judicatura, alientan peligrosas formas de intervención del PJ”, sostuvo Janet Tello, presidenta de la institución, en la ceremonia por el Día del Juez y la Jueza del último 4 de agosto.
En dicha actividad, a la que también acudió la presidenta Keiko Fujimori, también abogó por jueces “libres de presiones políticas o de cualquier otra índole”. No dijo nada de las graves fallas del sistema que lidera.
Expuestos
Los jueces Richard Concepción Carhuancho y Víctor Zúñiga Urday cobran protagonismo en ambos casos, pues acumulan el mayor número de fallos cuestionables en ambos.
En el Caso Cócteles, Concepción Carhuancho aceptó en octubre del 2018 el pedido del entonces fiscal José Domingo Pérez, hoy abogado del sentenciado expresidente Pedro Castillo (conspiración para la rebelión), y dictó 36 meses de prisión preventiva contra Fujimori y otros.
La decisión sería revocada en segunda instancia, pero tras una nueva evaluación, en enero del 2020, Zúñiga dictó la misma medida por 15 meses contra la entonces investigada. Sería este último quien, en diciembre del 2023, dictaría el auto de enjuiciamiento del caso; es decir, autorizaría el inicio del juicio oral.
En el caso Aportes al Partido Nacionalista, Concepción Carhuancho dictó 18 meses de prisión preventiva contra Humala y Heredia en agosto del 2017, una decisión que sería confirmada por los jueces César Sahuanay Calsín, Iván Quispe Aucca y Jessica León Yarango.
Sin embargo, la expareja presidencial sería excarcelada nueve meses después. En abril de 2018, el Tribunal Constitucional –con los votos favorables de Ernesto Blume, Augusto Ferrero, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña; y en contra Manuel Miranda, José Luis Sardón y Marianella Ledesma– ordenó que regresaran a comparecencia con restricciones.
Ya en noviembre del 2021, Concepción ordenó el inicio del juicio oral del caso “Aportes”. Este empezaría un año después y tardaría otros tres en culminar. Más tarde, serían los jueces Nayko Coronado Salazar, Juana Mercedes Caballero García y Max Vengoa Valdiglesias quienes, en abril del 2025, sentenciaron a Humala, Heredia y otros por lavado de activos. Los dos primeros recibieron una pena de 15 años de prisión.
