Debemos admitir que el Congreso muchas veces formuló leyes alejadas de las reales necesidades de la sociedad, respondiendo a cálculos políticos, personales o partidarios, cuando la población espera de su Parlamento normas de calidad que contribuyan al orden, la paz y el progreso social.
La ley que restringe la reelección inmediata de alcaldes, gobernadores y vicegobernadores regionales resulta absurda en un país donde el electorado promedio no suele ser reeleccionista. Quizás habría sido más razonable limitarla a una sola reelección consecutiva en lugar de impedirla por completo. Permitir un segundo mandato daría al gobernador o alcalde la posibilidad de desarrollar su gestión durante ocho años y no únicamente cuatro, siempre que la población respalde su continuidad mediante el voto.
Sin embargo, esa posibilidad tendría que estar acompañada de una disposición que impida al gobernador o alcalde participar como candidato dentro de la lista que se presente en las elecciones al término de su segundo mandato consecutivo. De esa manera se impediría las denominadas reelecciones encubiertas, una práctica que ha permitido que autoridades impedidas de postular nuevamente mantengan influencia política mediante personas de su entorno o integrantes de sus propias organizaciones. Hoy se contabilizan 135 casos de este tipo y quizá recién comienzan a generar una mayor indignación pública, pese a que esta figura viene utilizándose desde el año 2018. Toca legislar con conexión a la realidad.
