Hay cifras que describen un problema y hay cifras que retratan el fracaso de un Estado: Entre 2017 y 2024, la Contraloría documentó cerca de S/ 98 millones en medicamentos vencidos almacenados por el Cenares, la entidad responsable de planificar, adquirir y distribuir los recursos estratégicos en salud. En marzo de 2025 se comprobó, además, que buena parte de esos medicamentos ni siquiera había sido destruida conforme ley. En junio de 2026, el ente de control volvió a encontrar medicinas vencidas y la comisión de transferencia del actual gobierno pudo confirmarlo. No fue un accidente. Fue la confirmación de un patrón.

Lo más doloroso es que este desperdicio de recursos ocurre mientras miles de peruanos recorren hospitales en busca de un tratamiento que muchas veces no encuentran. El país convive, al mismo tiempo, con medicamentos que vencen en los almacenes estatales y pacientes que esperan una medicina que nunca llega. Esta contradicción revela claramente que el problema no es únicamente presupuestal. Es, sobre todo, un problema de gestión y de modelo de trabajo obsoleto e inadecuado: No saben programar la demanda, no saben almacenar lo que compran, y no logran hacerlo llegar a quien lo necesita. Ningún gerente en ninguna empresa privada sobreviviría un solo trimestre con estos indicadores; en el Estado, este patrón de ineficiencia se repite por casi una década sin que nadie pague por ello.

Si algo debe quedar claro desde el primer día, es que la salud no es un rubro presupuestal más para recortarse cuando aprieten las cuentas: es un derecho humano fundamental, y su administración eficiente debería ser siempre una prioridad de Estado.

El nuevo gobierno tiene la gran oportunidad de demostrar que existe otra forma de gestionar los recursos públicos. Modernizar el sistema de abastecimiento con trazabilidad digital, redistribuir oportunamente los medicamentos antes de su vencimiento, eliminar de manera oportuna los productos inutilizables y establecer responsabilidades efectivas, no son aspiraciones tecnocráticas. Son condiciones mínimas para respetar el derecho a la salud de todos los peruanos. Porque el verdadero desperdicio no solo son los millones de soles perdidos. Lo verdaderamente imperdonable es desperdiciar la oportunidad de aliviar el dolor de quienes únicamente dependen del sistema público para sobrevivir. Y un país que permite que eso ocurra, no solo administra mal sus recursos: renuncia, silenciosa e indolentemente, a proteger la vida de sus ciudadanos.