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El partido Perú Libre rechazó la decisión del Tribunal Constitucional (TC) -que que restableció los efectos del indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori que le otorgó Pedro Pablo Kuczynski en diciembre del 2017- y propuso una reforma del sistema judicial.
A través de un comunicado, la comisión política de la agrupación fundada por Vladimir Cerrón consideró que en un “acto desafiante”, el TC emitió un fallo “donde no es primordial salvaguardar la Constitución Política, sino los intereses de los poderes económicos que el fujimorismo representa”.
Asimismo, cuestionó que la Procuraduría General de la República, representada por Javier Pacheco Palacios, haga “mutis” respecto de la reparación civil de más de 51 millones de soles que Fujimori Fujimori no ha pagado al Estado peruano.
“Estos actuados ponen en evidencia que las instituciones judiciales en el país, a quienes nos hemos referido, se encuentran coludidas con el sistema que promueve la impunidad de los grandes criminales violadores de derechos humanos, por lo que el Partido plantea que se proceda a una reforma del sistema judicial en general, debido al descrédito y colapso moral en que han caído”, dice el comunicado.
Finalmente, Perú Libre consideró que los delitos cometidos por el exmandatario “son crímenes contra la humanidad”, por lo que si el presidente Pedro Castillo no procede con la nulidad del indulto, tendrá que hacerlo un tribunal internacional.
Como se recuerda, el TC aceptó la ponencia de Ernesto Blume, quien planteaba declarar fundado el recurso y con ello se deje sin efecto la anulación del indulto. La votación fue tres a favor y tres en contra, con el voto de su presidente, Augusto Ferrero, como dirimente a favor del hábeas corpus.
En este caso dicho recurso de habeas corpus fue interpuesto por Gregorio Parco Alarcón contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que dejó sin efecto el indulto humanitario.
El 24 de diciembre de 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuzcynski otorgó el indulto a Fujimori Fujimori por razones humanitarias. Sin embargo, el Poder Judicial anuló dicho beneficio.
Cabe indicar que el exmandatario actualmente cumple una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad. Se encuentra recluido en el establecimiento penitenciario de Barbadillo (Ate).
