El expresidente Alejandro Toledo fue condenado a 20 años y medio de prisión al ser hallado culpable de los delitos de colusión y lavado de activos en octubre pasado. (Foto: Poder Judicial)
El expresidente Alejandro Toledo fue condenado a 20 años y medio de prisión al ser hallado culpable de los delitos de colusión y lavado de activos en octubre pasado. (Foto: Poder Judicial)

El expresidente , que cumple una condena de 20 años y seis meses en el penal de Barbadillo por los sobornos que recibió de Odebrecht, se juega una nueva carta para recuperar su libertad.

El Poder Judicial evaluará mañana su solicitud para cumplir su sentencia en casa.

El expresidente Alejandro Toledo fue condenado el 21 de octubre de 2024.
El expresidente Alejandro Toledo fue condenado el 21 de octubre de 2024.

SOLICITUD

El abogado del expresidente presentó un requerimiento para acogerse a la Ley N.º 32181, que permite a mayores de 80 años cumplir sus penas bajo medidas alternativas por razones humanitarias, entre estas, hacerlo desde casa.

La polémica norma aprobada por el Congreso el año pasado no hace distinciones sobre los delitos cometidos.

El exmandatario obtuvo una respuesta con prontitud, pues el Poder Judicial ya programó una sesión para evaluar su solicitud.

El juez será el encargado de escuchar a las partes en una audiencia el día de mañana a las 11:00 a.m. de forma presencial.

El juez Richard Concepción Carhuancho evaluará el pedido del expresidente Alejandro Toledo. (Foto: Corte Superior Nacional/X)
El juez Richard Concepción Carhuancho evaluará el pedido del expresidente Alejandro Toledo. (Foto: Corte Superior Nacional/X)

ANÁLISIS

Al respecto, el penalista Andy Carrión recordó que la norma se aplica de manera general, es decir, a todo aquel que tenga más de 80 años y no hace ningún tipo de diferenciación.

“Si tiene una aplicación general, pues si uno se apega a la ley, habrían altas probabilidades que Toledo cumpla su pena con arresto domiciliario o incluso, con una comparecencia con restricciones”, indicó a Correo.

Sin embargo, el abogado recordó en que los últimos años, los jueces se mostraron reacios a aplicar leyes aprobadas por el Parlamento, como la denominada Ley Soto.

“Los jueces podrían no aplicarlo o realizar un control constitucional, pueden decir que prefieren resguardar la pena impuesta y se cumpla de manera efectiva”, dijo.

El letrado consideró que la decisión final está en las manos del juez que tiene el caso.

“Es ampliamente conocido que el juez Concepción Carhuancho siempre ha preferido inaplicar las normas del Congreso cuando estas implican algún tipo de polémica. Es probable que eleve en consulta el caso o que por ahora debe reglamentarse esa norma”, recordó.