La situación legal del expremier Aníbal Torres se complica cada día más, luego de que la semana pasada la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la congresista Lady Camones (APP), aprobara el informe final que concluye acusarlo por presunta infracción constitucional y recomienda su inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública. Pero, ¿qué sigue después de ello?
Al respecto, la abogada Alejandra Aramayo explicó que, de acuerdo al artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, el informe aprobado será remitido a la Comisión Permanente que deberá ratificar o no dicho informe.
“Luego, en caso de aprobarse, la Comisión Permanente nombra una Subcomisión Acusadora integrada por uno o más miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a efecto de que se sustente el informe y formule acusación ante el Pleno del Congreso”, detalló Aramayo.
Asimismo, dijo que el Consejo Directivo será quien decida la fecha y hora, así como las reglas a ser aplicadas para el debate de la acusación constitucional, otorgándole prioridad en la agenda de la sesión.
“En la sesión plenaria se sustenta el informe y la formulación de la acusación constitucional por la Subcomisión Acusadora, donde el acusado puede acudir a brindar sus descargos o, en su defecto, puede estar su abogado. Después, el Pleno vota sobre la aprobación o no del informe”, manifestó la exparlamentaria.
Según explico Aramayo, la aprobación de una suspensión, inhabilitación o destitución por infracción constitucional, en un juicio político previsto en el primer párrafo del artículo 100 de la Constitución y se da con los votos de los 2/3 del número de miembros del Congreso.
“En esa ocasión no participan los integrantes de la Comisión Permanente, siguiendo el principio de razonabilidad señalado por la Comisión de Constitución y Reglamento en su informe presentado el 27 de enero del 2004 “, dijo.
Agregó que, posteriormente, el expediente con la acusación constitucional es enviado a la fiscal de la Nación, quien procederá conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la Constitución.
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