Ministro Aníbal Torres invoca a Fiscalía cremar restos de Abimael Guzmán

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, invocó a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, a que el Ministerio Público disponga la incineración del cuerpo del genocida Abimael Guzmán, dado que ya concluyó el plazo para que un familiar directo del cabecilla terrorista pueda exigir sus restos.

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Con varias normas jurídicas sustentó la exhortación, pero resaltó el artículo 114 de la Ley General de Salud, que establece que los cadáveres de las personas que no fueron reclamadas 36 horas después de haber ingresado a la morgue podrán ser dedicados a fines de estudios.

“Desde una lectura sistemática de las normas, se puede verificar que los cadáveres no reclamados dentro de los plazos legales quedan bajo la custodia del Ministerio Público, teniendo este organismo la potestad de donarlos o no”, agregó, en un comunicado.

Torres agregó que es importante considerar que la adopción de otro tipo de sepultura para el fundador de Sendero Luminoso podría conllevar a afectaciones al orden público, “poniendo en riesgo la seguridad de los peruanos y peruanas”.

“No se puede negar que para este sanguinario grupo terrorista los restos de este delincuente es un símbolo de su insanía y buscarán enaltecerlo y homenajearlo”, advirtió.

La noticia trascendió en medio de un silencio prolongado y aparente dejadez del Gobierno respecto al tema de los restos del genocida, actitud que ha merecido el cuestionamiento de diferentes funcionarios como, por ejemplo, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez.

En la víspera, el titular de la Defensoría indicó que el hecho de que el Ejecutivo no se hiciera cargo de los restos de Guzmán solo revela la “falta de capacidades” o una “falta de voluntades”.

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CRÍTICA

Bajo ese contexto y entre otros cuestionamientos, Gutiérrez recordó que en el pasado se ganó la lucha militar contra Sendero, pero que aún estaba pendiente la batalla política.

Al respecto, en diálogo con Correo, dijo lo siguiente: “Ahora cabe preguntarse si el premier Guido Bellido puede liderar esa lucha. Pero por lo que nos está mostrando claramente (nos deja entrever que) no (puede)”.

Consultado sobre qué se debería hacer con el cuerpo del fallecido terrorista, contestó que necesitamos una reacción política del Ejecutivo que nos dé una respuesta inmediata.

“En este caso concreto (...) el premier Bellido, en vez de estar escamoteando el tema, debería presentarle un proyecto de decreto supremo al presidente Pedro Castillo para que los restos (de Guzmán) sean incinerados y sean esparcidos en el mar, y no se genere un lugar de peregrinaciones”, agregó Gutiérrez.

Con ello, según el defensor, se estaría cumpliendo con lo dictado por el Tribunal Constitucional, que es “combatir al terrorismo” o su apología en todas sus formas.

“Con ese decreto se debería disponer sobre los restos de Guzmán y otros que hayan significado un peligro para el Estado peruano. Con ello se evitaría toda apología al terrorismo”, manifestó.

Gutiérrez sostuvo más temprano que tras la muerte del cabecilla terrorista no hubo una reacción firme, clara o decidida del Poder Ejecutivo.

“La realidad ha desbordado la norma jurídica y cuando eso ocurre, usted tiene gobernantes”, manifestó, en otro momento en Radio Exitosa.

Previamente, un grupo de familiares víctimas del terrorismo protestaron e impidieron el paso a la terrorista Iris Quiñones, alias ‘camarada Bertha’, quien se dirigía a la Morgue del Callao para reclamar el cadáver de Guzmán. Ellos le gritaron: “Asesina, terrorista y delincuente”.

Responsabilidad. Horas antes, el abogado constitucionalista Luciano Torres demandó al Ejecutivo que asuma la decisión sobre los restos del genocida.

“¿De quién depende decidir sobre los restos del mayor genocida del Perú? Del Poder Ejecutivo, no de la Fiscalía. Le toca decidir lo que no decidieron diversos gobiernos desde hace 29 años en que fue capturado, porque era previsible que sucedería”, escribió en su Twitter.

Similar opinión expresó el abogado César Nakazaki. El penalista refirió que el Ministerio Público es competente de los restos, pero que también lo es el Gobierno.

“El fiscal tiene la capacidad de plantear un estado de necesidad, una situación de conflicto entre el derecho de los familiares y el derecho a tener el cadáver y el derecho de los ciudadanos a tener la paz social”, dijo en Canal N.

Agregó que cuando hay un conflicto de derechos se prefiere a los “más importantes, que en este caso sería el de la sociedad”. Explicó que la Fiscalía tiene competencia al igual que el Gobierno “porque las medidas de protección de la tranquilidad pública, seguridad y paz” las da el presidente.

Justamente, por la mañana, el ministro Torres (Justicia) señaló que deben prevalecer los intereses de un país entero por encima de los intereses de los seguidores de Sendero Luminoso.

Sin embargo, manifestó que el Gobierno no puede solicitar una intervención a la Procuraduría Antiterrorismo para que se defina el destino del cadáver, porque la Fiscalía es autónoma, el cual tiene bajo su custodia los restos de Guzmán.

Por su parte, el ministro de Defensa, Walter Ayala, dijo apoyar a Torres en el hecho de que el cuerpo del terrorista debe ser incinerado y, después, arrojado al mar.

Por la mañana, un grupo de congresistas de diferentes bancadas acudió a la Morgue del Callao para tomar conocimiento de las diligencias forenses al cadáver. Allí confirmaron que el difunto sí era Guzmán Reinoso.

Cabe indicar que el Poder Judicial rechazó un hábeas corpus presentada por la defensa de la terrorista Elena Iparraguirre, esposa de Guzmán, que solicitaba la entrega del cadáver. El juez Sergio Núñez determinó que no existían suficientes argumentos para declarar fundado el pedido.

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