El Gobierno está próximo a presentar su Plan de Seguridad Nacional, tras un eventual ajuste y aprobación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), y uno de los principales retos que deberá enfrentar será la extorsión, con un enfoque especial en los ataques a vehículos de transporte público, como buses, combis y mototaxis, entre otros.
Registro
Un reciente estudio del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público (MP) revela cifras alarmantes: entre agosto de 2024 y diciembre de 2025 se registraron 125 atentados vinculados a este tipo de crimen en Lima Metropolitana y el Callao, que dejaron 169 víctimas: 93 fallecidas y 76 heridas.
Tan solo entre enero y diciembre de 2025 se concentraron 105 de estos atentados. El mes con mayor incidencia fue setiembre, con 21 casos, seguido de agosto (15) y mayo (11), todos registrados en 2025.
El registro de la Fiscalía también advierte que los días de mayor ocurrencia fueron los viernes (25), miércoles (24) y lunes (21). Asimismo, el horario nocturno, entre las 6:00 p. m. y la medianoche, fue el más peligroso, al concentrar 75 ataques.
Respecto a las zonas, la mayor incidencia se reportó en Lima Norte (Comas, Carabayllo, San Martín de Porres, Independencia y Los Olivos) con 41 ataques. No obstante, el distrito con mayor número de ataques fue San Juan de Lurigancho, en Lima Este, con 17 casos.
En tanto, San Juan de Miraflores, en Lima Sur, concentró la mayor cantidad de víctimas, con 21 personas afectadas.

Más cifras
Del total de afectados, el 67.5% eran conductores, seguidos de pasajeros (22.5%) y cobradores (4.1%).
En cuanto al sexo, el 87.6% de las víctimas son hombres. Respecto a la nacionalidad, el 85.8% son peruanos (145) y hay 15 venezolanos.
Un dato relevante es que el 43.8% de los casos involucra a migrantes del interior del país, principalmente procedentes de Junín (15).
El rango de edad predominante fue entre 40 años y 49 años, que representó el 29% de estos ataques.
Asimismo, casi la mitad de las víctimas (47.3%) eran padres de familia, lo que evidencia el impacto social de estos atentados.
Modalidad
Las víctimas fueron atacadas, en su gran mayoría, dentro de las unidades de transporte, sobre todo buses (46 casos), combis (39) y mototaxis (32).
Las seis víctimas restantes fueron emboscadas fuera de un medio de transporte: cinco en una vía pública y una dentro de un local comercial.
El 97.6% de los atentados se perpetró con arma de fuego (165 casos) y en el 71.6% de los casos, los atacantes se desplazaron en motocicletas para ejecutar el crimen o facilitar su huida.
Según la modalidad, 127 ataques se produjeron por interceptación y 28 bajo la modalidad de falso pasajero. Además, se registraron cuatro atentados con artefactos explosivos.
“Los hallazgos presentados permiten esbozar una lectura más amplia del fenómeno de violencia en el transporte público, que trasciende la criminalidad episódica y se inscribe en una lógica de violencia estructural sostenida por condiciones de informalidad, precariedad laboral y otros factores”, indica el informe.

Investigaciones
Al respecto, el Ministerio Público informó que se abrieron 117 investigaciones fiscales.
Los delitos más recurrentes fueron homicidio calificado (39.3%) y homicidio simple, mientras que solo el 19.7% de los casos se registró inicialmente bajo el delito de extorsión.
En cuanto al estado de los procesos, el 77.8% se encuentra en etapa preliminar y el 16.2% ha sido archivado, principalmente por la dificultad para identificar a los responsables debido al anonimato o a la celeridad de los ataques.
“Es importante precisar que la labor fiscal enfrenta serias dificultades en contextos de criminalidad organizada, en los que la identificación de responsables y la obtención de pruebas se obstaculizan por el anonimato de los agresores, la ausencia de testigos y el temor a represalias”, reza el documento.
Dependencia
A pesar de que el 83% de la población considera al transporte público como el segundo lugar más inseguro en el país, según la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 2024 (Enapres), existe una dependencia masiva del servicio.
En Lima y Callao, el 56.9% de los ciudadanos utiliza diariamente combis, cústeres o buses para trasladarse a sus centros de trabajo, lo que los expone constantemente a este entorno de riesgo.





