Las sanguinarias organizaciones criminales “El Tren de Aragua”, “Los Gallegos”, “Los Pulpos”, entre otras redes, tendrían un nuevo aliado en el Perú: El Congreso de la República.
Y es que el jueves por la noche, el Pleno aprobó -en primera votación- un dictamen que en la práctica genera impunidad gracias a una serie de cambios que tendría la ley contra el crimen organizado.
Fueron 51 padres de la patria los que votaron a favor, 13 en contra y 12 en abstención.
El texto nació de un proyecto que presentó el congresista Waldemar Cerrón de Perú Libre (PL), hermano del prófugo Vladimir Cerrón, exgobernador investigado por organización criminal.
DETALLES
El dictamen plantea una serie de cambios a la ley contra el crimen organizado. Sin embargo, hay tres aspectos muy importantes.
Por ejemplo, se precisa que “se considerará como organización criminal a todo grupo con compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa compuesta por tres o más personas con carácter estable que coordinen para la comisión de delitos graves sancionados con pena privativa de libertad mayor de seis años (...)”.
La norma también señala que la Fiscalía no podrá solicitar al Poder Judicial que se bloqueen o inmovilicen las cuentas bancarias que se encuentren vinculadas a ingresos pensionarios, ni relacionadas con bienes y activos de los partidos políticos.
Finalmente, se establece que para los casos de crimen organizado, los allanamientos deben hacerse con presencia del interesado y su abogado.
“Les planteamos que esta modificación era gravísima porque atenta contra la lucha contra organizaciones criminales”, afirmó el fiscal Jorge Chávez Cotrina.
Para Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, la propuesta es una “norma pro-delincuencia”.
En diálogo con canal N, relató que hace un par de semanas, a pedido del fiscal de la Nación Juan Carlos Villena, acudió a la Comisión de Justicia para sustentar la posición del Ministerio Público. Sin embargo, los congresistas no lo atendieron y enviaron a un grupo de asesores.
“Les planteamos que esta modificación era gravísima porque atenta contra la lucha contra organizaciones criminales”, afirmó.
Incluso, Chávez Cotrina aseguró que les dijo textualmente que lo mejor sería que cierren la Policía y dejen todo en manos de la delincuencia, porque la norma es a favor del crimen organizado.
Además, explicó que con la norma se pretende que cuando la Fiscalía tenga una orden judicial de allanamiento, notifique a los abogados de los delincuentes para que estén presentes en el operativo.
Los asesores parlamentarios le indicaron que (en caso no haya un abogado del imputado presente) hay defensores públicos. Sin embargo, el fiscal Chávez Cotrina les recordó que hay allanamientos que involucran a organizaciones criminales con 50 o más inmuebles.
“¿De dónde voy a sacar yo 60 abogados de la defensa pública, máxime si trabajan desde las 8 a.m. y los operativos son de amanecida? Además se pierde el factor sorpresa”, cuestionó.
ADVERTENCIA
Para el exviceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, Nicolás Zevallos, la norma del Congreso, sin duda alguna, debilita la lucha contra el crimen organizado.
Como primer argumento señala que la Fiscalía tendrá una mayor carga para demostrar la existencia de las organizaciones criminales, debido a que el Parlamento introduce el concepto de lo que es una red bajo términos como “tener una estructura desarrollada y mayor capacidad operativa”.
En diálogo con Correo, el abogado cuestionó que para que una organización sea considerada como tal, deban cometer un delito que supere la pena de seis años. “Entonces, casos de corrupción que tienen tres años no van a poder ser perseguidos”, indicó.
Sobre este punto, agregó que hay un aspecto muy grave en la norma debido a que se señala que una característica de las organizaciones criminales es que comete delitos “con el fin de obtener, directa o indirectamente el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal, para obtener un beneficio económico”.
“En doctrina especializada es solamente narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas, minería ilegal, contrabando, es decir, actividades que implican transacción de un bien. Entonces, queda fuera la extorsión, el secuestro, asalto, porque como fenómeno no tienen cadena de valor”, explicó.
Respecto a los candados para el allanamiento, el experto en crimen organizado calificó de “absurdo” que se necesite la presencia del abogado.
“¿Quieren que le avisen al abogado del detenido que lo van a allanar? Eso no tiene sentido. El allanamiento justamente es evitar que se pueda ocultar algún elemento de utilidad para la investigación”, puntualizó.
En un sentido similar se pronunció el abogado Andy Carrión, quien consideró que la norma del Congreso debilita la lucha contra el crimen organizado.
“Se generan lagunas de impunidad, porque lo que hace la norma es elevar la valla para calificar a determinadas organizaciones como organizaciones criminales y otorga determinadas prerrogativas a partidos políticos”, indicó.
En diálogo con Correo, el penalista explicó que gracias a la norma ya no podrían ser consideradas organizaciones criminales los grupos que cometen, por ejemplo, el delito de colusión simple.
“Debemos tener en cuenta que se va a generar mucha impunidad respecto a organizaciones criminales”, indicó.
También calificó como un “despropósito” que se intente establecer que para el allanamiento deba estar presente el implicado.
“La naturaleza de la institución del allanamiento implica el elemento sorpresa. La Fiscalía va a la oficina, al domicilio, al lugar de trabajo, entre otros, de manera sorpresiva para recabar evidencias e indicios respecto al delito”, recordó.
Carrión mencionó como ejemplo, que de estar vigente la norma, la Fiscalía y la Policía habrían tenido que esperar a que la presidenta Dina Boluarte se apersone a su domicilio para el allanamiento por el caso Rolex.
Desde su punto de vista, el Congreso impulsa la norma porque en ocasiones, la Fiscalía abusa de la calificación de organización criminal.
CONFLICTO
El texto aprobado en primera votación recibió el respaldo de 51 legisladores, de ese grupo, al menos la mitad (25) tendría un conflicto de intereses (ver infografía).
Por ejemplo, a favor de la iniciativa votaron un grupo de siete congresistas que se encuentran investigados en el proceso que se le sigue a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, por un caso de organización criminal.
Otros nueve congresistas que respaldaron el proyecto vivieron un allanamiento en sus oficinas en marzo del año pasado, durante un megaoperativo vinculado al caso “Los Niños”.
La diligencia fiscal estuvo relacionado a la investigación contra el expresidente Pedro Castillo, señalado como líder de una organización criminal.
Además, votaron a favor cuatro congresistas de Fuerza Popular (FP) y cinco integrantes de PL, ambos pertenecen a bancadas de partidos que son señalados por el Ministerio Público como organizaciones criminales.
Para que la polémica norma sea efectiva debe ser ratificada en una segunda votación.
De acuerdo al reglamento del Congreso, esto debe hacerse siete días calendarios después de la primera votación.
