El penalista y doctor en Derecho Carlos Caro Coria conversó con Correo para analizar las aristas legales de todo lo ocurrido tras la filtración de las nuevas declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal de la nación Patricia Benavides, a la fiscal Delia Espinoza.
¿Cuál es su análisis general respecto a esta filtración?
Para mí no es una casualidad que esta filtración se esté dando y, en definitiva, quienes están detrás de esta historia, me refiero a la difusión de información, son parte de una lucha de poder y esa lucha de poder en la Fiscalía no ha terminado. Pensábamos todos que había terminado con el triunfo del Eficcop, el retorno de Marita (Barreto), la salida de (Patricia) Benavides y la entrada de (Juan Carlos) Villena, pero es una lucha que continúa porque ahora están yendo por Pablo Sánchez, por Domingo Pérez, por el fiscal Vela y no sabemos quiénes más. Entonces creo que no ha cesado porque una cosa es investigar en silencio como se suele hacer, con la reserva del proceso, y otra cosa es para la tribuna. Por lo tanto, seguimos ante los mismos métodos y es un capítulo más de esta guerra de poder en la Fiscalía.
Entonces, ¿cree que esto no ha hecho más que empezar?
Sí, porque de hecho hasta aparece mencionado ahí (Guillermo) Thornberry, de la JNJ, que es algo que pocos han puesto en relieve...
En todos los casos, lo dicho por Jaime Villanueva aún tiene que ser corroborado por la Fiscalía, pero si se logra, ¿las sindicaciones al periodista Gustavo Gorriti configurarían algún delito?
Aunque varios ya han salido a decir que no hay delito, eso no es correcto porque las sindicación es tráfico de influencias. El señor Gorriti tendría poder para designar a personas en determinados cargos en el Ministerio Público y, por otro lado, sería una persona que estaría promoviendo el acceso a información reservada de procesos penales, sobre prisiones preventivas y tomando decisiones, con lo cual se estaría comportando como una suerte de funcionario público y eso puede significar usurpación de funciones.
¿Y cuáles serían las penas por esos delitos?
En el caso de usurpación de funciones, la pena es de cuatro a siete años de prisión y el tráfico de influencias, de cuatro a seis años.
Usted mencionó los comunicados. Hubo uno, el de IPYS, que señalaba que no encontraba “delitos imputables a IDL reporteros y a su director, Gustavo Gorriti”, ¿puede un gremio de prensa dar esta definición?
No, para nada, eso lo define la Fiscalía. Es un comunicado gremial, activista, pero no tiene ninguna relevancia jurídica.
Ante el aparente poder que tendría el señor Gorriti en la Fiscalía, ¿se garantizaría un proceso imparcial?
A mí me parece que con todo este remezón que hay a nivel de la Fiscalía, esta tiene que hacer su trabajo y confío en que se va a efectuar. La JNJ finalmente ha abierto investigación (...). Recuerde que Villanueva no da estas declaraciones a la Eficcop, es decir no con Marita Barreto, sino a la fiscal Delia Espinoza, una funcionaria que recién es pública, pero es de carrera y diligente.
Preocupa el silencio de la Fiscalía...
Lo más probable es que, como esta información recién se ha producido el 30 de enero, esté en un periodo de corroboración y, de acuerdo a ello, pueden abrir investigación.
Pero como institución, ¿el fiscal de la nación interino, Juan Villena, no tendría que salir a decir algo?
Desde mi punto de vista, sí. Tendría que salir dar una declaración. Ya la JNJ ha hecho su trabajo, la Fiscalía está en proceso de corroboración. Algo tendría que decir, pero recordemos que ese fiscal (Villena) es poco comunicativo.
Carlos Caro Coria
Doctor en Derecho. Director del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa (CEDPE). Presidente de la Asociación Peruana de Compliance (APC). Legal Tech. Empresario e inversor.
