El Poder Judicial dispuso que Fuerza Popular sea incorporado “como persona jurídica” en el proceso penal que se sigue contra el exsecretario general de ese partido político, Joaquín Ramírez, y otros investigados por el caso denominado Alas Peruanas.
La jueza Margarita Salcedo adoptó dicha medida tras declarar “fundado” el requerimiento formulado por la Fiscalía de lavado de activos a cargo del caso, el pasado 30 de abril de 2025, mediante el cual se solicitó la incorporación de dicho partido político como persona jurídica en el proceso penal.
En una audiencia judicial previa en la que se analizó el pedido, la defensa legal de Fuerza Popular solicitó que el requerimiento fiscal sea declarado “improcedente”, al argumentar que no existe una relación jurídica válida por la ausencia de una imputación concreta. Asimismo, sostuvo que, debido a la existencia de seis versiones defectuosas de imputación por parte del Ministerio Público, no es posible establecer si el partido político habría favorecido o encubierto presuntos actos de lavado de activos.
En ese sentido, sostuvo que el plazo de la investigación preparatoria de este caso venció el 5 de mayo de 2025, por lo que consideró que ni una persona jurídica ni una natural pueden ejercer de manera adecuada su derecho a la defensa y a la igualdad si la investigación ya ha concluido y la incorporación se autoriza con posterioridad.
Sin embargo, la jueza Margarita Salcedo declaró “infundada” la oposición presentada por la defensa legal de Fuerza Popular, al constatar que el Ministerio Público solicitó la incorporación de la persona jurídica el 30 de abril de 2025, dentro de la etapa procesal correspondiente. Además, precisó que dicho pedido no pudo ser tramitado oportunamente debido a las reiteradas recusaciones contra los jueces formuladas por los investigados en dicho caso.
Mediante una resolución emitida el 15 de diciembre de 2025, a la que accedió RPP, la magistrada señaló además que, en este caso, el Ministerio Público cumplió con los presupuestos establecidos para que su requerimiento sea admitido dentro del proceso penal.
La jueza dispuso que el órgano social de la persona jurídica Partido 2011 (hoy Fuerza Popular) designe un apoderado judicial en un plazo de cinco días, bajo apercibimiento o advertencia de designarse un Apoderado Judicial por su Despacho.
La tesis fiscal plantea la investigación de una presunta organización criminal y señala que, al interior del partido Fuerza Popular —cuyo objetivo era alcanzar el poder político en el Ejecutivo—, se habrían recibido aportes ilícitos de diversas fuentes, en particular aquellos que tendrían como origen las empresas de Joaquín Ramírez y presuntas actividades comerciales ilícitas vinculadas a la Universidad Alas Peruanas, entre otros hechos.
