La Contraloría rechazó cualquier acto intimidatorio en el caso relacionado al congresista Edgar Alarcón. (Foto: GEC)
La Contraloría rechazó cualquier acto intimidatorio en el caso relacionado al congresista Edgar Alarcón. (Foto: GEC)

La expresó su rechazo ante “cualquier acto intimidatorio” que afecte su independencia y autonomía, tras emitir un informe sobre las modificaciones realizadas en las declaraciones juradas de bienes y rentas del congresista (Unión por el Perú).

A través de un comunicado, reveló que el también excontralor ha realizado “diversos requerimientos” respecto del currículo documentado, ficha de trabajo y condición laboral “de todos los profesionales auditores que elaboraron y suscribieron” el informe sobre sus declaraciones juradas.

Contraloría expresa su respaldo a los auditores de la institución y rechazan actos intimidatorios. (Documento)
Contraloría expresa su respaldo a los auditores de la institución y rechazan actos intimidatorios. (Documento)

“Sin perjuicio de la tramitación que se dará a los pedidos de Acceso a la Información Pública formulados, expresamos el rechazo institucional ante cualquier acto intimidatorio que busque afectar la independencia y autonomía de la que gozan por norma expresa los auditores de la Contraloría General de la República, más aún si puedan provenir de quienes ejercen cargos de alta investidura política”, señaló.

Destacó también que esta posición ha sido “puesta en conocimiento” del presidente del , Manuel Merino de Lama.

El Comercio informó que la Contraloría emitió un informe respecto a las 26 modificaciones realizadas en las declaraciones juradas de bienes y rentas del actual congresista Edgar Alarcón, durante su paso por dicha institución.

En su reporte, sostiene que las modificaciones fueron “irregulares” y que existen indicios sobre que la información inicial consignada no respondería a la verdad.

“Está acreditado que, el indicado exfuncionario [Edgar Alarcón], presentó declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas “rectificadas”, las cuales tienen datos distintos a las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas presentadas inicialmente, denotando indicios de que las primeras no responderían a la verdad de la información en ellas declaradas, afectando la fe pública en cuando a la confiabilidad, legitimidad y validez de las declaraciones que emiten los funcionarios y servidores públicos”, concluye la Contraloría.

Finalmente, la institución expresó su respaldo a la función de “todos los equipos auditores desplegados a nivel nacional para velar por el buen uso de los bienes y fondos públicos en beneficio de la ciudadanía”.