Caso Gregorio Santos: Esto fue lo que dijo la Sala Penal de Apelaciones

Gregorio Santos, el encarcelado presidente regional de Cajamarca, permanecerá recluido en el penal Piedras Gordas I, ubicado en Ancón.

Así lo dio a conocer el Poder Judicial (PJ) al ratificar la medida de prisión preventiva de 14 meses contra la autoridad regional, debido a la existencia de "graves elementos de convicción y de máxima intensidad".

La Sala Penal de Apelaciones confirmó la sanción impuesta, en un inicio, por el Juzgado de Investigación Preparatoria, decisión que se mantendrá vigente durante el lapso en que se desarrollen las pesquisas del Ministerio Público (MP).

Los delitos por los que es procesado son asociación ilícita, cohecho y colusión agravada.

NEXOS

Según la resolución de la Sala Penal de Apelaciones, Santos habría incurrido en delitos contra la administración pública, "los mismos que estaban relacionados con los procesos de selección, adjudicación y contratación de obras del Gobierno Regional de Cajamarca".

El procesado, de acuerdo al Colegiado, habría recibido sumas de dinero del empresario Wilson Manuel Vallejos Díaz para que él, al igual que otras empresas, con las que formó consorcios, se vean beneficiados con 11 procesos de licitación de obras ejecutadas en la región.

"Estando a lo expuesto se evidenciaría la existencia de una marcada y estrecha relación entre Gregorio Santos y el empresario Wilson Vallejos, al extremo que este último, mediante su esposa y empresas, estaba al tanto de la confección y pago de polos y propaganda del movimiento político Movimiento de Afirmación Social (MAS), cuyo líder era Santos, y entre ambos existía una comunicación permanente y fluida mediante el uso del celular número 985-318-870", se lee en el documento.

OBSTRUCCIÓN

Otro argumento fue el peligro de fuga de Santos. El PJ no descartó que pueda evadir a la justicia y rehuir al proceso.

La resolución alerta de un peligro de obstaculización en las investigaciones, por lo cual considera la prisión preventiva como una medida procedente. Esto responde a que Santos podría interferir en el manejo de la documentación, considerada vital en las investigaciones, almacenada al interior de las instalaciones del gobierno regional.