La sentencia a 20 años y 6 meses de prisión contra Alejandro Toledo Manrique es la primera dictada en el caso Lava Jato en el Perú contra un expresidente de la república.
En los minutos finales del auto de condena, cuando fue evidente que sería adverso, Toledo pareció tomar consciencia de su situación y permaneció cabizbajo y la mirada perdida; por momentos aparecía en su rostro algo como una extraña sonrisa para, de nuevo, adoptar un gesto desvalido.
Minutos después de las 18: 25 horas, en que la jueza Inés Rojas Contreras, directora de debates, concluyó la lectura, un grupo de agentes uniformados del INPE rodeó la pequeña figura del exmandatario para enmarrocarlo, conforme al reglamento.
Este se dejó conducir hacia una oficina contigua a la sala de udiencias habilitada en el penal de Barbadillo, de Ate-Vitarte.
La ejecución de la condena, por ser de “inmediato cumplimiento”, se cumplió en el acto.
A pocos pasos de ahí se halla el área penal donde el expresidente cumplía la prisión preventiva de 36 meses.
Si no hay cambios al respecto, Toledo permanecerá en esta prisión, al menos en teoría, hasta el 23 de octubre de 2043, según reza la sentencia.
Un incidente desagradable surgió en el tenso ambiente de la sala. Fue en el último minuto de la audiencia.
El fiscal José Domingo Pérez interrumpió bruscamente a la jueza y afirmó que el expresidente le había lanzado un insulto que aludía a su madre. El condenado no lo desmintió pero su abogado, Roberto Su, dijo que se tendría que ver si las cámaras registraron la acusación de Pérez.
A la salida de la sala de audiencias el abogado del expresidente anunció que presentaría un recurso de apelación, sin explicar en cuál de los extremos de la sentencia.
Zu indicó que, además, solicitará a la sala que analice la petición que Toledo hizo a las juezas de modo que pueda recibir arresto domiciliario, basado en el “deterioro de su salud”.
PAGO DE SOBORNOS.
Durante la audiencia del Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional, la jueza suprema Inés Rojas Contreras mencionó una declaración de Jorge Barata respecto de dónde salió el dinero para pagar el soborno al presidente.
“Hay una respuesta de Barata, (el Ministerio Público) le pregunta: ¿Quién paga el soborno, de dónde saca la plata del soborno?; Barata responde: Del Estado”, citó la magistrada.
“En este caso el señor Alejandro Toledo Manrique (...) -dijo la magistrada- era funcionario público, del nivel más alto, que personificaba a la nación, debía cumplir y hacer cumplir la Constitución, representaba al Estado dentro y fuera del país, tenía la función de administrar la hacienda pública, tenía el deber de proteger y conservar los bienes del Estado, evitando su abuso, derroche o aprovechamiento...”.
Según la sentencia, Toledo tuvo la conducta típica “de la defraudación del deber, defraudando al Estado”.
Durante las acciones previas para entregar el proyecto de la carretera Interoceánica a la empresa Odebrecht, el expresidente incurrió en “un rosario de irregularidades, injerencia inusitada, aceleración del proceso, intervención directa e indirecta (...)”.
contrato simulado. En otro momento, la jueza precisó la existencia “un contrato simulado entre Jorge Barata y el empresario Josef Maiman”.
Esto fue el 18 de enero de 2005, señala.
Según este contrato falso Maiman acepta hacerse cargo de las pormenores de la recepción de pagos (sobornos) de parte de Odebrecht para el presidente Toledo.
La jueza indica que llama la atención la fecha de tal contrato ficticio (siete meses antes de la firma del contrato, en agosto de 2005).
“Cuando aún no había empezado el proceso de concesión, Jorge Barata al hacer el contrato ficticio con Maiman decía que se había adjudicado el proyecto de la Interoceánica tramos II, III y IV”.
Según la resolución, la simulación era para encubrir al expresidente, el verdadero destinatario del dinero que Odebrech depositó en las cuentas de Maiman.
POPY OLIVERA.
La magistrada mencionó dos veces al exministro de Justicia Fernando Olivera Vega, entonces ministro de Justicia en el gobierno de Toledo.
La jueza citó declaraciones de Rosa Urbina ante la Fiscalía. Ella era entonces la Vice Contralora. Según la versión de Urbina, el 25 de julio de 2005, a 7 días de la firma del Contrato con Odebrecht, Fernando Olivera Vega y funcionarios de ProInvesión se presentaron en la sede de Contraloría.
Según el documento, Olivera “se presentó a nombre del presidente Toledo”.
El objetivo de los visitantes era presionar para que la Contraloría levante sus observaciones acerca de los costos por kilómetro cuadrado en construcción de la carretera.
Añade que el 4 de agosto de 2005, horas antes de la firma del contrato en Palacio de Gobierno, Olivera Vega -según la resolución judicial- “ingresó a Contraloría para poder presionar sobre el ambio de parecer de dicho organismo”.
La Contraloría se negaba a levantar sus objeciones señalando que la empesa brasileña tenía un proceso contencioso con el Estado.
FUNDAMENTOS.
Los términos de la resolución precisan que Toledo incurrió en delito contra la administración pública, modalidad de colusión,”en calidad de autor”.
Asimismo, en la comisión de delito de lavado de activos en agravio del Estado peruano.
El tribunal le impuso 9 años de cárcel por colusión y 11 años y 6 meses por el delito de lavado de activos.
Y también la inhabilitación por tres años para el ejercicio de un cargo público, además de 242 días multa de acuerdo con el nivel de sus ingresos.
La pena privativa de libertad será computada a partir del 23 de abril de 2023 y debe finalizar el 23 de octubre de 2043.
Respecto del papel del empresario Josef Maiman, el tribunal precisó que este “era la persona en la que el presidente Toledo, en razón a la amistad, había depositado su confianza para recibir el cobro de las contribuciones (coimas) de los contratistas brasileños (Odebrecht)”.
Señala la resolución que durante la Cumbre de Río, en Río de Janeiro, entre el 4 y 5 de noviembre de 2004, se reunieron Toledo, Maiman, Marcelo Odebrecht y Jorge Barata y confirmaron el acuerdo sobre la Interoceánica.
“En Río de Janeiro se dio la conversación y la aseveración de que Maiman iba a ser que iba a canalizar el dinero que Odebrecht iba pagar a Toledo para favorecerlo en IIRSA 2 y 3 e, incluso el tramo 4″, dice el documento.
El expresidente Alejandro Toledo retornó a su celda en Barbadillo y pasó su primera noche en calidad del primer expresidente de la república condenado por corrupción en el caso Laja Jato.
