Las diligencias tienen como finalidad no sólo cumplir con lo señalado por la Corte IDH en el Caso La Cantuta, sino sobre todo, el poder dar respuestas concretas a los familiares de las víctimas. (Foto: GEC)
Las diligencias tienen como finalidad no sólo cumplir con lo señalado por la Corte IDH en el Caso La Cantuta, sino sobre todo, el poder dar respuestas concretas a los familiares de las víctimas. (Foto: GEC)

Como parte de las diligencias programadas en la investigación en curso para la ubicación, búsqueda e identificación de los restos de las víctimas desaparecidas del Caso La Cantuta, el fiscal provincial Luis Enrique Valdivia Calderón, de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo, ha dispuesto el inicio del Plan de Intervención Forense en la fosa ubicada en Cieneguilla.

Los trabajos en la zona estarán a cargo de fiscales especializados del caso y peritos expertos del Equipo Forense Especializado (EFE) del Instituto de Medicina Legal (IML) del Ministerio Público, quienes tendrán la tarea de realizar la búsqueda de posibles restos óseos de las víctimas en la denominada “Fosa 02 – Cieneguilla”, ubicada en la quebrada Chavilca (altura del km. 16.5 carretera Lima-Cieneguilla), lugar donde permanecerán por 18 días, del 30 de mayo al 22 de junio.

El inicio y ejecución del Plan de Intervención Forense en Cieneguilla ha sido posible gracias al trabajo coordinado entre la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo, la Fiscalía Superior Nacional Coordinadora del Subsistema Especializado en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo, el EFE, la Unidad de Biología Molecular y Genética de Ayacucho, la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y sobre todo, los familiares de las víctimas.

Como se recuerda, el 18 de julio de 1992, efectivos militares que conformaban el grupo paramilitar Colina, ingresaron a la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta, procediendo a detener a nueve estudiantes y a un profesor de dicha casa de estudios.

Tras ello, trasladaron a los detenidos a un lugar de la carretera Ramiro Prialé, donde les dieron muerte. Días después, ante la noticia de la detención, acudieron a dicho lugar para desenterrar los cadáveres y trasladarlos a un paraje de la quebrada Chavilca en Cieneguilla, donde dejaron los cuerpos de las víctimas.

Los hechos fueron de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que en noviembre del 2006 emitió sentencia en el Caso La Cantuta, determinando la responsabilidad del Estado peruano por la violación de los derechos contenidos en la Convención Americana.

Las víctimas son el profesor Hugo Muñoz Sánchez y los nueve estudiantes Dora Oyague Fierro, Marcelino Rosales Cárdenas, Bertila Lozano Torres, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Richard Amaro Cóndor, Robert Edgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Juan Gabriel Mariños Figueroa y Felipe Flores Chipana.

Las diligencias tienen como finalidad no sólo cumplir con lo señalado por la Corte IDH en el Caso La Cantuta, sino sobre todo, el poder dar respuestas concretas a los familiares que por casi 30 años están buscando conocer el último paradero de las víctimas, lograr la identificación de los mismos y darles un entierro sepultura.