En medio de la polémica, la abogada María Caruajulca ha enviado una carta notarial al ministro de Justicia, Eduardo Arana, instándolo a obedecer la orden del Poder Judicial (PJ) que exige su restitución como procuradora general del Estado.
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Actualmente, este cargo lo ocupa Javier Pacheco. Caruajulca ha advertido que tomará acciones legales si la orden no se cumple. Cabe resaltar que el pasado martes 21 de mayo, Caruajulca se presentó en la institución para reincorporarse, pero le fue negado el acceso a su despacho.
HOY miércoles 22 de mayo, el Poder Judicial rechazó los recursos presentados por la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Justicia, que buscaban evitar la reposición de Caruajulca. El PJ reafirmó la orden de cumplir con la resolución judicial, advirtiendo de posibles acciones fiscales por la “evidente dilación”.
En la carta notarial difundida por el diario El Comercio, Caruajulca relató que cuando intentó ingresar a la sede de la Procuraduría General del Estado (PGE) en San Isidro, la jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica, Jackeline Rocío Rojas Grandez, y el abogado de la Gerencia General, Óscar Ubaldo Quispe Valeriano, le negaron el acceso sin explicación alguna. Caruajulca pidió al ministro Arana que actúe de inmediato para gestionar su reincorporación, o procederá con acciones legales.
Después del incidente en la PGE, Caruajulca acudió a la Comisaría de San Isidro para registrar el hecho y notificará al Poder Judicial para que decida los próximos pasos. A la salida de la comisaría, Caruajulca declaró “no cabe en estos momentos ninguna argumentación para no cumplir con el mandato judicial y con mayor razón aún si proviene de un órgano constitucional”, comentó.
“Estaría aparentemente generándose una desobediencia a la autoridad y un abuso de autoridad [...] Como poder del Estado tiene que hacer respetar sus mandatos judiciales sino no estaríamos en un estado democrático de derechos”, agregó.
Caruajulca expresó su desconcierto ante la negativa de los funcionarios a acatar el mandato judicial. “No entiendo cómo un funcionario público puede someterse a un incumplimiento del mandato judicial y exponerse a denuncias penales”, manifestó.
Además, advirtió que el incumplimiento del PJ podría resultar en sanciones más severas. “derivar en un proceso de destitución de los funcionarios públicos que no los respeten” e “incluso una detención provisional en caso que se genere una denuncia penal”.
La abogada hizo un llamado a la presidenta Dina Boluarte para que intervenga en su caso en beneficio del país. Caruajulca recordó que su caso data de 2022 y que el PJ podría tardar en resolverlo debido a la carga procesal.
“Señora presidenta, con el mayor de los respetos, le solicito que pida que le informen sobre mi caso y vea en mí una hija que está luchando porque le hagan justicia […] Confío en usted y le aseguro que es por el bien el país […] Vengo con toda la energía para luchar por el bien del país para que más adelante sea reconocido”, dijo Caruajulca.
Finalmente, Caruajulca declaró a Exitosa que está considerando denunciar penalmente al ministro de Justicia por desacato, aunque espera no tener que llegar a ese extremo.
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