La Comisión Permanente del Congreso de la República otorgó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) un plazo de 15 días hábiles para investigar y presentar su informe final respecto de las denuncias constitucionales presentadas contra el ex fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas y cuatro legisladores de la bancada de Acción Popular.
Estas denuncias fueron declaradas procedentes en un extremo por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Las votaciones fueron indistintas en la sesión conducida por el titular del Parlamento, Alejandro Soto Reyes.
En ese sentido, por 26 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, se otorgó el citado plazo para investigar y presentar informe final respecto a la Denuncia Constitucional 387, interpuesta por la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, contra Tomás Aladino Gálvez Villegas, en su actuación como fiscal supremo titular del Ministerio Público.
Al denunciado se le sindica ser el presunto autor de la comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal, previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 317 del Código Penal, concordante con la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado, y por ser presunto autor de la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado por su condición de funcionario público.
En otro momento, por 26 votos a favor, cero votos en contra, y cero abstenciones, la Comisión Permanente otorgó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el plazo de 15 días hábiles para investigar y presentar informe final sobre la Denuncia Constitucional 375, interpuesta por la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, contra Raúl Doroteo Carbajo, Elvis Vergara Mendoza, Jorge Flores Ancachi y Darwin Espinoza Vargas; todos, en su condición de congresistas de la República.
A los referidos parlamentarios se les acusa ser presuntos autores de la comisión del delito de tráfico de influencias agravado.
Los extremos declarados improcedentes en dichas denuncias constitucionales pasaron al archivo.
Cabe indicar que el plazo para la investigación y presentar informe se da en cumplimiento del inciso d) del artículo 89 del Reglamento del Congreso referido al procedimiento de acusación constitucional.
“(…) El plazo dentro del cual la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realizará la investigación y presentará su informe, el cual no podrá ser mayor de quince (15) días hábiles, prorrogable por el término que disponga la Comisión Permanente por una sola vez. Excepcionalmente, se podrá fijar un plazo mayor cuando el proceso a investigarse sea susceptible de acumulación con otra u otras denuncias constitucionales (…)”, señala el Reglamento del Congreso.
