La noche del viernes 29 de marzo, la presidenta Dina Boluarte Zegarra se hizo acreedora a un nada honroso mérito.
En un país donde hay dos expresidentes presos, uno indultado, dos libres, pero enfrentando serias investigaciones; y uno que se suicidó para evitar ser detenido, Boluarte se convirtió en la primera mandataria en funciones cuya vivienda fue allanada en mérito a una orden judicial, que fue emitida por el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, a pedido del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana.
Esta orden se dio en el marco del llamado “Caso Rolex”, que investiga un presunto desbalance patrimonial de la mandataria por ostentar, por lo menos, tres relojes de esta lujosa marca que no han sido consignados en su declaración jurada y cuyo origen no supo especificar.
“Trabajo desde mis 18 años y lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo. Son de antaño y los uso muy eventualmente”, dijo Boluarte Zegarra en su primera declaración al respecto, pero esto no impidió que el Ministerio Público le abriera una investigación y, en la madrugada de ayer, allanara tanto su vivienda como su despacho, en Palacio de Gobierno, debido a que no asistió, pese a que dijo que sí lo haría, a las citas que la Fiscalía programó para que presente los lujosos aditamentos.
El operativo.
Minutos antes de las 11:00 de la noche del viernes 29 de marzo, un equipo fiscal, encabezado por el fiscal supremo adjunto Hernán Mendoza, y secundado por agentes PNP de la de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), entre los que se encontraba el coronel Harvey Colchado, llegaron hasta la casa de la presidenta, en el distrito de Surquillo, con la orden judicial.
Dos agentes de la Diviac se acercaron hasta la puerta de la vivienda y tocaron el timbre en varias oportunidades pero al no recibir respuesta, llamaron a un tercer agente que, ariete en mano y, de un solo golpe, logró abrir la puerta. Tras ello ingresaron al domicilio seguidos de los fiscales.
También llegó hasta la vivienda el abogado de la presidenta, el exfiscal supremo Mateo Castañeda, quien representó a la mandataria en el operativo . Trascendió que durante el allanamiento, en la casa estuvo uno de los dos hijos de la presidenta y una trabajadora del hogar.
La diligencia en la vivienda de Surquillo duró poco más de seis horas. Antes de las 5 de la mañana de ayer, el equipo de policías y fiscales abandonó el lugar, pero el allanamiento no terminó, pues se dirigieron a Palacio de Gobierno para continuar con la intervención en el despacho y la residencia presidencial.
Allí también se desplazó el abogado de la mandataria. A las 9 y 20 de la mañana, 10 horas después de iniciado el operativo, los fiscales se retiraron sin brindar mayores declaraciones.
Reacciones
La primera autoridad en pronunciarse contra la decisión judicial fue el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén Olaya.
Durante la madrugada, mientras el allanamiento aún estaba centrado en la vivienda de Surquillo, Adrianzén Olaya calificó la medida de “totalmente desproporcionada” y hasta “inconstitucional”.
“Lo que ha sucedido esta noche constituye un intolerable atropello a la dignidad de la presidenta de la República y a la nación que ella representa. No es posible que tengamos que ser testigos de acciones totalmente desproporcionadas y, cuando no, hasta inconstitucionales”, señaló a RPP.
Luego, ya de día y una vez terminada la diligencia judicial, el premier, secundado de los ministros Julio Demartini (Midis), Eduardo Arana (Justicia) y Javier González-Olaechea (Relaciones Exteriores); así como del abogado de la mandataria, Mateo Castañeda, improvisaron un pronunciamiento fuera de Palacio de Gobierno.
Adrianzén insistió en calificar de desproporcionada, injustificada y eventualmente ilegal e inconstitucional la operación. Arana coincidió y aseguró que el allanamiento “evidencia el resquebrajamiento del sistema democrático y la constitucionalidad”.
“Lo que están haciendo es politizar y evidenciar que se ha politizado la justicia en un hecho que, sin precedentes, está atacando la institucionalidad democrática, la institucionalidad de la presidencia y, sobre todo, evidenciando el resquebrajamiento del sistema democrático y de la constitucionalidad”, afirmó Arana.
Sustentos
Para dictar la orden de allanamiento y descerraje contra Boluarte, según la resolución del juez Juan Checkley a la que Correo tuvo acceso, se necesita tener acceso físico a los relojes Rolex para determinar su número de serie, que es único. También en que la presidenta no consignó estos artefactos en sus declaraciones juradas.
Asimismo, citó que la presidenta no recibió a los fiscales pese a que tanto ella como el premier Adrianzén habían señalado su predisposición a participar en las indagaciones, entre otros motivos.
“De los citados elementos de convicción se desprende la necesidad de las medidas solicitadas por cuanto existe una alta probabilidad que exista elementos de convicción relevantes o efectos de delito en los inmuebles y vehículo sobre los que se formuló el requerimiento y que corren el riesgo de ser destruidos, extraviados o modificados, junto con otros posibles medios de prueba”, reza la resolución.
Hallazgos
Tras las diligencias, el abogado de la presidenta, Mateo Castañeda, aseguró que se encontraron 10 relojes en Palacio de Gobierno y “otros relojes de poco valor” en Surquillo.
“Las diligencias ya no eran de exhibición, sino de registro y de incautación. La Fiscalía ha constatado los relojes, han tomado fotografías y no han sido incautados ninguno de los 10″ que se hallaron en Palacio, dijo a RPP.
No obstante, no aclaró si los relojes encontrados eran Rolex. “Hay relojes bonitos, con ciertas apariencias, pero eso debe de determinarlo un experto”, acotó.
De acuerdo al Acta de Registro de Incautación y Lacrado, la casa de Surquillo se dividió en 22 ambientes y en dos de ellos se encontraron una tarjeta y documentación sobre un reloj Rolex y en otra, una pulsera y un collar, ambos adquiridos en la Casa Banchero, que fueron incautados.
“Se encontró una cartuchera de color marrón con rayas verdes naranjas y rosadas, en cuyo interior se encontró lo siguiente: Un (01) tarjetero con una descripción “ROLEX” de color verde, conteniendo en su interior un (01) cuadernillo de color verde, una (01) tarjeta con la descripción “Warrantty Booklet” “Worldwide Service” y una tarjeta “Rolex” “Garantie Internatonale”, modelo: 126284RBR, serial: AJ509842″ y la fecha de compra: 8 de julio del 2023″, reza parte del acta.
Se victimiza
Horas después de que su vivienda y su despacho en Palacio de Gobierno fueran allanados, la presidenta Dina Boluarte Zegarra dio un Mensaje a la Nación en el que denunció que esta diligencia fiscal forma parte de un “acoso sistemático” del cual es víctima.
Acompañada por 17 de los 18 ministros, la mandataria rechazó la forma cómo la Policía ingresó a su vivienda y cuestionó que el agente que tocó el timbre no diera “tiempo suficiente” para que las personas dentro de la casa abrieran la puerta.
“Ha sido sorprendente como se violentó la puerta de mi hogar pese a que no había transcurrido el tiempo suficiente para que los miembros de mi familia puedan levantarse de su descanso, vestirse y abrir la puerta, más aún si tomamos en cuenta la hora”, señaló.
No aclara nada
Tras afirmar que es “respetuosa de la investigación fiscal”, sostuvo que, por recomendación de su abogado, no aclarará aún el origen de los Rolex.
“¿Desde cuándo un sector de la prensa se preocupa en lo que usa o no usa una presidenta o un presidente? Espero y quiero creer que no es un tema sexista o de discriminación, y sobre este tema, por recomendación de mi abogado, quien me ha pedido que no haga todavía ninguna declaración hasta que yo pueda asistir a la Fiscalía y aclarar los hechos”, se victimizó.
Asimismo, la mandataria sostuvo que habría un “acoso sistemático” de la prensa en su contra, con reportajes periodísticos que darían cuenta de presuntas irregularidades en su gestión.
Consideró además que la medida judicial de la madrugada del sábado fue “arbitraria, desproporcional y abusiva”.
