Castillo, Alvarado y Silva son acusados constitucionalmente

Pedro Castillo será próximanente sometido a una investigación preparatoria. El pleno aprobó ayer su acusación constitucional con 59 votos y le dejó el camino allanado a la Fiscalía.

En palabras del penalista Andy Carrión, eso significa que allí la Fiscalía estará habilitada para que pueda formular un pedido de prisión preventiva de hasta 36 meses, pese a que el golpista ya está en prisión.

La denuncia fue presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en octubre pasado.

Carrión consideró que el Ministerio Público podría sustentar ese pedido en uno de los casos más avanzados como lo es el de Puente Tarata.

Recordó que a Castillo se le sindica de ser un cabecilla de una organización criminal dirigida desde Palacio para beneficiarse a sí mismo.

“Hay que tener claro que si ese pedido se formula, no será por rebelión sino por corrupción y organización criminal”, dijo a este diario.

Eso significa que no podría tener la intromisión de una instancia internacional como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Castillo habría pretendido acudir a dicha instancia internacional para revocar su prisión preventiva, impuesta por el delito de rebelión.

Ahora, ya no tendrá opciones. Fue acusado por tres delitos: organización criminal, colusión y tráfico de influencias.

SESIÓN

Su caso se vio ayer por la mañana en el Parlamento. En representación de Castillo, asistió Eduardo Pachas, su abogado, al pleno.

En todo momento, Pachas cuestionó la investigación contra su patrocinado, cuyo ponente fue Diego Bazán (Avanza País).

Pachas argumentó que no se podía sindicar a Castillo de ser líder de una organización criminal porque no hubo dinero para beneficiarse. “¿Dónde está el brazo económico?”, se preguntó.

Luego afirmó: “El señor Bazán no ha puesto en su power point su cuenta bancaria (de Castillo), ni un sol, no ha puesto nada”.

Fue allí que en un ataque de prepotencia minimizó la investigación e incluso se refirió a la titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales como “la Lady Camones”.

José Williams, el presidente del Congreso, le tuvo que pedir que se dirija con respeto a los miembros del pleno. Allí Pachas bajó el tono.

Lo que dejó claro fue que Castillo quiso participar de la sesión, pero de forma presencial alegando que era parte de su derecho.

En respuesta a ello, Camones dijo que se le notificó a Castillo el 13 de febrero, y que recién ayer su defensa hizo el pedido, es decir, fuera de tiempo.

En esa línea, se le recordó que tampoco asistió a otras cuatro citaciones en la Subcomisión y en la Permanente.

En ambas comisiones se buscaba los descargos del exmandatario.

Pese a que intentó dilatar el tema, el pleno le otorgó a Pachas más de 40 minutos para defender a Castillo.

Sin embargo, cuando concluyó con su presentación, un gran sector de la izquierda alegó que no se estaba respetando el derecho de defensa de Castillo.

Luego, no se acreditó al abogado de Juan Silva para que defienda al exministro porque no se sabía si realmente lo defendía. En el caso de Geiner Alvarado, se leyó una carta en la que exhortaba a que continúen las investigaciones y acusaciones en su contra que enfrenta en el Congreso y la Fiscalía. Ambos exministros corrieron la misma suerte que Castillo. El pleno también los acusó constitucionalmente.

Debate. Jorge Marticorena (Perú Bicentenario) fue uno de los primeros de izquierda en tomar la palabra. Él cuestionó la investigación congresal, acusó de buscar acelerar el caso de Castillo e incluso pidió que el informe final de Bazán regrese a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para analizarlo con mayor rigurosidad.

“Planteo que esto (informe final) regrese a comisión y se le brinde todas las herramientas que hoy el abogado ha señalado que no se le ha alcanzado”, solicitó Marticorena.

La misma postura la tuvo su colega Américo Gonza. El legislador sostuvo que no se le permitió ejercer la defensa al abogado del expresidente, pese a que se le había otorgado gran parte de tiempo de la sesión.

“Entonces estamos trasgrediendo los mismos principios”, manifestó después.

Luego, Alejandro Cavero (Avanza País) cuestionó a los que defendían al exjefe de Estado.

“¿Podría alguno pararse y afirmar la honestidad de Pedro Castillo en lugar de poner excusas con una serie de leguleyadas jurídicas? No, no pueden hacerlo”, criticó.

Sostuvo que existe más de 190 elementos de convicción sobre Castillo por la compra irregular de petróleo en Petroperú y por el caso Tarata.

“Es tarea de este Congreso levantar el antejuicio para permitir que sea el MP y el Poder Judicial quienes juzguen al expresidente”, aseveró.

Silvana Robles (Perú Libre) cuestionó que se formuló una denuncia “exprés” sobre la base de investigaciones preliminares.

Luego, Diego Bazán explicó que lo único que buscaba hacer el Congreso con dicha acusación era permitir que el Ministerio Público realice su trabajo investigativo.

“Nosotros no estamos acá determinando responsabilidades, eso que quede claro porque he escuchado a la defensa y a algunos congresistas indicar que nosotros nos estamos inventando las cosas”, manifestó.

Agregó que su informe final procedió de la denuncia constitucional entregado por el Ministerio Público. “Nosotros no estamos inventando ni agregado nada”, exclamó.