Pese a estar fuera de la esfera del poder, el expresidente Pedro Castillo continúa con su discurso de victimización tras su fallido golpe de Estado del pasado 7 de diciembre.
La narrativa que el exmandatario mantiene ha servido para exacerbar aún más las movilizaciones -incluso con actos vandálicos- al interior del país, las que han dejado 27 víctimas mortales, además de diversos daños a propiedades públicas y privadas.
Desde que su arresto en flagrancia, Castillo Terrones ha compartido -vía redes sociales- por lo menos 8 cartas y comunicados en los que se desprende que su libertad es su agenda principal.
Además, ha insistido en que se encuentra “arbitrariamente” privado de su libertad tras una detención “abusiva” e “injusta”. Incluso, mediante su defensa, pidió la Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH) intervenir en su caso ante la vulneración de sus derechos.
En otro de sus escritos, el golpista calificó a la presidenta Dina Boluarte como una “usurpadora” y la acusó a ella y a su entorno de ser los responsables del deceso de peruanos en las protestas.
En un pasado pronunciamiento exigió la convocatoria inmediata a una asamblea constituyente y sostuvo que aún era el jefe de Estado.
Este discurso ha encontrado eco en las diversas protestas en regiones como Ica, Arequipa, Apurímac y Cusco, donde los grupos movilizados demandaron también el cierre del Congreso y la renuncia de Dina Boluarte.
Durante las protestas se reportaron ataques, saqueos y daños a instituciones públicas y privadas, situación que obligó al Gobierno a declarar el estado de emergencia en 15 provincias del país.
El último reporte del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) del Ministerio de Salud informó que en el marco de las manifestaciones sociales se registraron 27 fallecidos en los departamentos de Ayacucho (10), Apurímac (6), Cusco (3), Junín (3), La Libertad (3) y Arequipa (2).
Es preciso señalar que en sus publicaciones, el ex jefe de Estado agradeció en más de una oportunidad a los presidentes de la región con postura de izquierda que le manifiestan su respaldo, pese a que intentó disolver el Legislativo.
EN ALERTA. La ministra de la Producción, Sandra Belaunde, advirtió que los pronunciamientos del vacado expresidente en sus redes sociales pueden “azuzar más” las manifestaciones al interior del país.
“Esto puede azuzar más a la gente, claro que sí. Sabemos que una parte de estas personas está pidiendo que se excarcele (a Castillo). Pero, digamos, qué es lo que debe hacer o no debe hacer el expresidente Castillo, no debo ser yo quien se lo diga”, manifestó.
Por su parte, la canciller Ana Gervasi expresó que el Gobierno mexicano “está enterado de la situación judicial” de Lilia Paredes. Refirió que junto a los salvoconductos que se entregaron para el asilo de la ex primera dama y sus hijos, el Ministerio Relaciones Exteriores peruano también alcanzó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador el expediente judicial de la esposa de Castillo.
“Se informó a México que la señora Paredes se encuentra comprendida en una investigación preparatoria como coautora del delito de organización criminal”, declaró Gervasi en RPP.
La canciller también indicó que si Paredes es condenada, será la justicia peruana la que deberá comenzar, eventualmente, un proceso de extradición.
DESINTELIGENCIA. Por su parte, el titular de Defensa, Jorge Chávez Cresta, manifestó que la falta de “adecuada inteligencia estratégica” impidió prever los actos de vandalismo en las protestas.
También cuestionó -en RPP- el papel de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), por no brindar información respecto a una campaña “para generar el caos y anarquía en el país”.
Hasta hace unos días, la DINI era dirigida por Wilson Barrantes, un exgeneral del Ejército que ha participado en eventos del Movadef.
Barrantes, quien fue designado por Pedro Castillo, fue reemplazado en el cargo el último domingo por Juan Carlos Liendo O’Connor.
Chávez también señaló que la Policía Nacional de Perú (PNP) cuenta con información que existen elementos relacionados a la zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) que apoyan las violentas manifestaciones.