Castillo calumnia: Boluarte fue la que se levantó en armas

Nuevamente, el vacado expresidente Pedro Castillo volvió a utilizar los fueros judiciales para dar un mensaje político y cuestionar la legalidad del gobierno de turno que preside Dina Boluarte.

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Fue durante la audiencia en la que se evaluó la apelación que presentó contra la decisión de 18 meses de prisión preventiva que le otorgó el juez Juan Carlos Checkley.

Ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside el magistrado César San Martín, Castillo Terrones culpó al actual gobierno de las muertes ocasionadas por las protestas tras el frustrado intento de golpe de Estado del 7 de diciembre.

“No me he levantado en armas, tampoco he llamado a levantarse en armas en nadie, pero sí debo decir que quien se levantó en armas para acabar con la vida de más de 30 peruanos es el actual gobierno, obteniendo como saldo más de 20 desaparecidos y 200 heridos”, enfatizó Castillo.

Desde el penal de Barbadillo (Ate), el golpista, a quien se le vio con un bigote prolongado y ligera barba, consideró que la prisión preventiva que le impuso el juez Juan Carlos Checkley “solo ha servido para polarizar el país”.

Además, atacó al Congreso de la República -institución que lo vacó constitucionalmente horas después de su fallido golpe de Estado- de conspirar en su contra junto a otras instituciones para “armar un plan sobre la caída de mi gobierno a través de sucesivos pedidos de vacancia y otras artimañas”.

Indicó que, desde que fue recluido en el penal, ha permanecido incomunicado.

“No he tenido acceso a un número telefónico para llamar a su familiar”, dijo Castillo, tras pedir al tribunal supremo que lo excarcele.

El mensaje de Castillo con notorios matices políticos guarda similitudes al que dio en otra audiencia judicial, ante la misma sala que evaluó su apelación de detención preliminar el pasado 14 de diciembre.

En esa oportunidad, exhortó a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a deponer las armas para detener “el derramamiento de sangre” del país. En ese momento, el juez César San Martín pidió a Pedro Castillo ceñirse estrictamente a su defensa jurídica. Esta vez no lo hizo.

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DEFENSA. En la audiencia de ayer, el abogado Wilfredo Robles solicitó al tribunal supremo variar el mandato de prisión preventiva por el de comparecencia restringida (reglas de conducta) para su patrocinado, Pedro Castillo.

Durante sus alegatos, Robles acusó que el procedimiento del levantamiento del antejuicio político contra su defendido, llevado a cabo por el Legislativo, no se realizó conforme a ley pues, remarcó, no existe en la Constitución.

En esa línea, cuestionó al juez de primera instancia, Juan Carlos Checkley, por no verificar si el paso previo del antejuicio cumplió con el debido proceso.

Sobre el delito de rebelión imputado, Wilfredo Robles dijo que la Fiscalía no ha calificado correctamente este ilícito a su patrocinado.

“La rebelión es un alzamiento armado de un grupo, no una llamada a levantarse en armas”, añadió el abogado.

LO HUNDEN. En representación del Ministerio Público, la fiscal adjunta suprema Silvia Sack Ramos solicitó al tribunal confirmar la prisión preventiva para Castillo.

Sack Ramos replicó los argumentos de la defensa del expresidente respecto al delito de rebelión.

“Se trata de un delito de consumación anticipada, no hace falta que los rebeldes consigan su fin (...). Si el alzamiento no se llega a producir pero se dan actos de inicio, se estará ante una tentativa (del delito de rebelión”, remarcó.

Subrayó que, según la Constitución, ninguna persona u organización “puede arrogarse el ejercicio” del alzamiento en armas.

“Hacerlo constituye rebelión o sedición”, argumentó la fiscal.

Sack Ramos recordó que el mensaje del 7 de diciembre, dado por Pedro Castillo, “quiso contravenir la intangibilidad del régimen constitucional”.

Cabe recordar que en su mensaje a la Nación, el aún mandatario anunció el cierre del Congreso de la República, decidió instaurar un régimen excepcional e intervenir las instituciones que conforman el sistema de justicia. Incluso, detener a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

APELACIÓN. La fiscal Silvia Sack Ramos también solicitó a la sala suprema revertir el mandato de comparecencia restringida por el de prisión preventiva para Aníbal Torres, comprendido en esta investigación en su condición de exasesor de la Presidencia del Consejo de Ministros.

“Aníbal Torres no fue un simple espectador o desconocedor de las acciones de Pedro Castillo sino quien participó en el diseño y ejecución del plan destinado a modificar el régimen constitucional”, acusó la fiscal.

Sobre su estado de salud, la fiscal señaló que puede ser tratado en el penal.

Por su parte, el abogado de Torres, Duberlí Rodríguez, pidió a la sala confirmar la comparecencia restringida.