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La mañana de ayer, Pedro Castillo despertó como presidente de la República, pero al terminar el día acabó como un detenido en la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional, en Ate, donde acaban los exmandatarios que cumplen prisión.
Solo dos horas trascurrieron desde que Castillo Terrones pasó de ser el jefe de Estado a ser intervenido, destino que él mismo selló con un fallido golpe de Estado.
Luego de anunciar el frustrado e inconstitucional cierre del Congreso, y tras la renuncia de varios de sus ministros por el quiebre del Estado de derecho, el entonces presidente abandonó Palacio de Gobierno con su familia, que cargaba sus pertenencias en bolsas y mochilas.
Pero el docente cajamarquino ni siquiera salió del Centro de Lima cuando fue intervenido en la avenida Garcilaso de la Vega, en una operación dirigida por los coroneles Harvey Colchado y Walter Lozano, del grupo policial que apoya al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder.
En este caso, la Fiscalía imputa a Castillo Terrones el presunto delito de rebelión por quebrantar el orden constitucional, lo que podría costarle una pena de hasta 20 años de cárcel, estimó el penalista Andy Carrión.
EN PLENA FUGA. De acuerdo con el parte policial de su detención, Pedro Castillo se dirigía a la Embajada de México, lo que confirmaría los rumores de que buscaba un asilo político en ese país.
El documento relata que el vacado exmandatario estaba en el vehículo de placa EGY-552, acompañado de su expremier Aníbal Torres, su esposa Lilia Paredes y de su menor hija.
En el auto también iban dos agentes seguridad del Estado: Josseph Grandez López, quien lo conducía, y Nilo Irigoin Chávez, quien le indicó al primero que debían ir a la sede diplomática antes mencionada, en San Isidro.
El parte también detalla que pese a este plan, aproximadamente a la 1:35 p.m. se recibió la llamada del general Iván Lizzetti Salazar, director de Seguridad del Estado, quien dijo que por orden superior se debía intervenir al ex jefe de Estado “por encontrarse incurso en flagrancia del presunto delito de rebelión y abuso de autoridad”.
SECUENCIA. Castillo Terrones, entonces, fue conducido a la sede la Prefectura, a donde llegó minutos antes de las 2:00 de la tarde.
La diligencia en la Prefectura fue supervisada por la propia fiscal de la Nación, Patricia Benavides. En ella, Aníbal Torres ofició como abogado del exmandatario.
Según se informó, el procedimiento de detención estuvo a cargo del fiscal adjunto supremo Marco Huamán Muñoz, del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación; y la fiscal superior Marita Barreto Rivera, del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder.
Como parte de la diligencia, se dispuso que el “detenido” pase un reconocimiento médico legal.
De acuerdo con imágenes difundidas, en el acto también estuvieron presentes Harvey Colchado y Walter Lozano, miembros del equipo especial policial que apoya en las investigaciones de la corrupción contra el poder.
Por la noche, el Ministerio Público informó que la Fiscalía de la Nación dispuso el inicio de diligencias preliminares contra Pedro Castillo, en su condición de presidente, “por presunta comisión del delito contra los Poderes del Estado y Orden Constitucional, modalidad de rebelión, en agravio del Estado”, normado en el artículo 346 del Código Penal, y, alternativamente, por la presunta comisión del delito “de conspiración, en agravio del Estado (artículo 349° del Código Penal)”.
LECTURA. En diálogo con Correo, el abogado penalista Andy Carrión explicó que el expresidente fue imputado -por la Fiscalía- por el delito de rebelión, “que se sanciona a quien revierte el orden constitucional con penas que van desde 10 a 20 años de pena privativa de libertad”.
Agregó que el Ministerio Público también debería considerar añadir “el delito de conspiración, en caso la Fiscalía pueda también incluir a otras personas”. Horas después, así lo dispuso la Fiscalía de la Nación.
“Por lo visto, no es la única persona que ha intentado subvertir el orden constitucional. La tarea de la Fiscalía es ver quienes son esos otros actores”, dijo, en alusión a las coordinaciones que se habrían efectuado previo al fallido golpe de Estado.
“En casos como estos es imposible que haya dado un mensaje a la Nación sin tener cierto respaldo”, añadió.
Carrión sostuvo que el presente caso contra el exmandatario estará a cargo dela Fiscalía de la Nación, instancia que podría solicitar en las próximas horas una detención preliminar por un plazo máximo de 10 días y, a partir de ello, pedir también prisión preventiva.
DIROES. Por la noche, y en medio de un férreo control policial, el vacado expresidente fue trasladado al Cuartel Los Cibeles, en el Rímac, donde lo subieron a un helicóptero para trasladarlo a la Diroes donde pernoctó.
Ese es el mismo establecimiento penitenciario en el que cumple sus condenadas el exmandatario Alberto Fujimori Fujimori.
Mientras Castillo estuvo en la prefectura, algunos ciudadanos se hicieron presente en los exteriores para expresarle su respaldo, aunque también hubo grupos que saludaban la detención.
El enfrentamiento a golpes entre ambos colectivos obligó a redoblar la seguridad policial en la zona. Agentes disiparon a la turba y cerraron parte de la avenida España.
Pese a esto, los manifestantes a favor del ex jefe de Estado lanzaron piedras y botellas a los agentes , que se vieron obligados a usar bombas lacrimógenas para dispersar a sus atacantes.
Por otro lado, los congresistas Pasión Dávila y Katy Ugarte, del Bloque Magisterial; así como Kelly Portalatino, de Perú Libre, llegaron hasta la Prefectura para visitar al exmandatario Castillo.
