Cateriano le declara la guerra al Congreso por fondos de las AFP y apelaría al TC

La alegría de los afiliados al sistema privado de pensiones se convirtió en incertidumbre. Solo un día después de aprobada la ley que les permitirá retirar el 95.5% de sus fondos al cumplir los 65 años, el Poder Ejecutivo le declaró la guerra al Congreso al anunciar que evalúa interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional para bloquear la norma.

La noticia fue adelantada ayer por el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, quien afirmó a través de su cuenta de Twitter que el Jefe de Estado sería quien introduzca el pedido de inconstitucionalidad ante la máxima instancia jurisdiccional.

“El presidente Ollanta Humala evaluará si interpone una acción de inconstitucionalidad contra la ley que modifica el sistema pensionario de AFP”, tuiteó ayer el Premier pasado el mediodía.

Añadió que la norma es “anticonstitucional” y acusó al Legislativo de haber “herido de muerte al sistema privado de pensiones”.

LOS FUNDAMENTOS. Más temprano, Cateriano argumentó que para eliminar este sistema de pensiones es necesaria una reforma constitucional.

“Mediante una ley no se puede”, enfatizó para luego agregar que “se está dejando sin pensión a los ancianos”.

“¿Dónde está el defensor del Pueblo?”, se preguntó en la red social.

Así, aunque el Ejecutivo no lo ha precisado aún, los artículos 10, 11 y 12 del capítulo II de la Constitución -referente a los Derechos Sociales y Económicos- podrían ser las herramienta legales que se utilicen para desligitimizar la iniciativa legislativa.

En ellos se establece que “el Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones” y que “los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles”.

Estos acápites fueron utilizados cuando, en enero último, el Mandatario observó la autógrafa y la devolvió al pleno, donde se acordó aprobarla por insistencia para su posterior promulgación.

DEFIENDE LEY. Desde el otro lado de la mesa, el presidente del Parlamento, Luis Iberico, defendió la autógrafa y descartó que implique el colapso del sistema pensionario privado.

“No hay que temer que esta ley será el fin del mundo o que colapsará el Sistema Privado de Pensiones. La ley es liberalizadora, pues permite al cliente decidir y aplica el principio de que el cliente siempre tiene la razón”, dijo Iberico.

Asimismo, sostuvo que no se debe subestimar al jubilado, calificándolo como “manipulable” o “falto de criterio” para administrar el dinero que se le entregue porque “tiene experiencia de vida para tomar una buena decisión”.

Pese a ello, advirtió que una vez entrada en vigencia, la norma solo podrá ser aplicada después de que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) elabore el reglamento para su aplicación.

“Debe haber una reglamentación para ciertas cosas que se deben especificar, pero esta no puede atentar contra el espíritu de la ley que se aprobó vía insistencia”, comentó tras invocar a la SBS a una rápida actuación.

A su turno, el integrante de la Comisión de Economía, Yonhy Lescano, cuestionó las intenciones del Ejecutivo al considerar que “defienden abusos empresariales”.

“Demanda al TC del presidente Humala para pretender derogar ley de retiro de 95.5% de aportes a AFP sería vergonzoso. Defienden abusos empresariales”, escribió también en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el defensor del Pueblo, Eduardo Vega, expresó que no existen elementos para suponer que la reforma de la ley atente contra la Constitución Política del Perú.

Por el contrario, saludó la iniciativa del Parlamento considerando que “se ha dado un paso importante en el país”.

Apuntaló la idea al recordar que hay un gran número de ciudadanos que reciben pensiones que no cubren sus necesidades básicas.

“Peor aún, existe un importante sector que no tiene ningún tipo de cobertura, ni siquiera la de los programas sociales”, sostuvo el defensor.

Sobre la posibilidad de que los jubilados malgasten sus fondos, afirmó que confía en que “el ciudadano va a tener el criterio para administrar” su dinero.

Sin embargo, destacó la necesidad de realizar una verdadera reforma del sistema pensionario de manera que sea “integral y sostenible”.

AFP CON HUMALA. Al ser consultado sobre el tema, el presidente de la Asociación de las AFP, Rafael Picaso, respaldó al Gobierno alegando que la inconstitucionalidad radica en que se ataca directamente al sistema pensionario.

“La ley establece que estas retenciones que se hacen tiene una finalidad previsional que deriva de la Constitución y está señalada en el tema de la seguridad social y el derecho de una pensión (...) el Tribunal Constitucional tendrá la última palabra”, refirió.

Además, precisó que el funcionamiento de las AFP se basa en un marco legal en el que se establece que el dinero descontado a los trabajadores solo puede destinarse para brindarle una pensión.

En tanto, desde Washington (EE.UU.), el ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, se unió a las críticas al augurar que el impacto real de la decisión del Parlamento se verá a largo plazo, cuando una parte importante de la población “al momento de la jubilación no cuenten con una pensión al haber retirado esos recursos”.

“Habrá que hacer el análisis correspondiente en términos de qué tipo de regulaciones o reglamentos se tienen que hacer”, manifestó en RPP.

“Ley es populista”. El presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), Eduardo Morón, calificó de “populista” la ley que aprobó el Congreso y advirtió que no resolverá los grandes problemas del sistema de pensiones.

Lescano: "Actitud de Gobierno de defender privilegios de AFPs es vergonzosa"