Una serie de mensajes difundidos entre integrantes de Juntos por el Perú (JP) revelaron coordinaciones para una presunta colecta de fondos realizada a través de canales distintos a los oficiales del partido. De acuerdo con un reportaje de Cuarto Poder, estos aportes tenían como finalidad financiar las impugnaciones de actas electorales presentadas por el partido tras los últimos comicios.

Según los integrantes del grupo de coordinación regional de Piura “Amigos de Lucha 2026”, los depósitos solicitados no habrían seguido los canales establecidos para el registro de aportes partidarios.

En las conversaciones aparece la difusión de un afiche alternativo que incluía un número telefónico diferente al de la tesorera oficial de la organización, Luzmila Ayay. Por ello, un grupo de militantes y simpatizantes cuestionaron que los aportes fueran dirigidos a cuentas personales y no a los mecanismos de recaudación reconocidos por la dirigencia nacional.

Los simpatizantes compararon el material difundido con la información validada por la organización política. De acuerdo con este procedimiento interno, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) solo reconocía los ingresos gestionados directamente por la tesorera oficial.

El contacto que figuraba en el afiche correspondía a Dacia Romero, personera legal de Huancavelica. Según su versión, la diputada electa por esa región, Catherin Palomino, coordinó la colocación de ese número bajo el argumento de atender una situación de emergencia para cubrir los gastos del proceso electoral.

Romero señaló que Palomino evitó utilizar sus propias cuentas bancarias en el material de difusión por posibles consecuencias legales. En ese contexto, la personera habría asumido la recepción de los aportes mientras avanzaba la recolección de fondos.

ONPE podría revisar movimientos financieros

El caso podría ser evaluado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), debido a las diferencias entre las versiones de los involucrados sobre el ingreso y manejo de los recursos. Juntos por el Perú indicó que todavía no presenta el balance consolidado de aportes porque la entidad electoral aún no establece el cronograma de rendición de cuentas.

Al respecto, el presidente del instituto Aklla, José Tello, señaló que la existencia de versiones contradictorias entre la tesorera del partido y la personera regional amerita una revisión de los movimientos económicos. La evaluación técnica incluiría la identificación de aportantes, cuentas utilizadas y destino de los fondos.

Si se determina que los recursos fueron recibidos fuera de los canales declarados o que existieron mecanismos paralelos de recaudación, las autoridades competentes deberán establecer si hubo responsabilidades administrativas o legales. El análisis dependerá de la documentación financiera que presente la organización política y de las verificaciones que realice la autoridad electoral.

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