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La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso rechazó ratificar el polémico Acuerdo de Escazú y recomendó al Gobierno retire la firma del Estado peruano.
La propuesta del Ejecutivo fue enviada al archivo por una nueve votos contra tres, y dos abstenciones.
El Acuerdo de Escazú es un tratado ambiental promovido por las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Estipula, para su entrada en vigor, que debe ser ratificado por al menos once de los 22 países firmantes. Hasta ahora ha sido ratificado solo por nueve países. En setiembre del 2018 fue suscrito por el actual Gobierno, mediante la entonces ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz.
De acuerdo con sus defensores, el convenio propiciaría la mejora de la protección de los recursos naturales y la defensa de los activistas e instituciones ambientales. También reforzaría el compromiso de las empresas privadas en la gestión ambiental.
El dictamen de Relaciones Exteriores expresa un punto de vista contrario. Asegura que el documento es vinculante para el Estado peruano, lo que implica que el país debe someterse al tratado pese a que en el Perú ya existe una legislación en materia ambiental.
Agrega que causaría inseguridad jurídica a las concesiones otorgadas por el Estado.
A FAVOR. Las bancadas del Partido Morado, Somos Perú y Frente Amplio defendieron el acuerdo con un total de solo tres votos.
Antes del dictamen, la comisión escuchó a 49 especialistas que expusieron diversos puntos de vista.
Entidades como Amnistía Internacional Perú y Aprodeh (Asociación Pro derechos humanos) respaldaron enfáticamente Escazú.
“Ha primado la sensatez en la comisión de RR.EE.”, comentó en contraste el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay quien afirma que el tratado implica “enormes complejidades” para “la soberanía, la jurisdicción y la defensa nacional”.
Lamentó que “deliberadamente” el Ejecutivo no haya consultado la opinión del Sector Defensa.
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