Constitución emite opinión: PPK está obligado a comparecer ante “Lava Jato”

Para la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, el presidente Pedro Pablo Kuczynski está obligado a comparecer ante el grupo de trabajo parlamentario a cargo del caso “Lava Jato” en el marco de la pesquisa por la concesión de la Interoceánica Sur.

Esta es la conclusión que destaca en el Informe de Opinión Consultiva N°01-2017-2018, que el equipo de legisladores que investigan la corrupción generada por las empresas brasileñas le solicitó a sus colegas de la comisión que preside Úrsula Letona.

“Se advierte que el presidente de la República sí tiene el deber de recibir, sea en su domicilio o en su despacho, según lo estime conveniente, a los integrantes de una comisión investigadora para esclarecer hechos acaecidos con anterioridad a su asunción del cargo”, reza el respectivo documento.

En la opinión consultiva se argumenta que el artículo 97 de la Constitución Política establece que el Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. “Es obligatorio comparecer, por requerimiento, ante las comisiones encargadas de tales investigaciones, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial”, refiere.

Agrega que el artículo 88 del reglamento del Parlamento dispone que dicho poder puede “iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público, promoviendo un procedimiento de investigación que garantice el esclarecimiento de los hechos”.

SOMBRA DE ACUSACIÓN

Tras aclarar que una comisión investigadora parlamentaria sí puede abrirle una pesquisa al jefe de Estado por hechos ocurridos antes de asumir tal cargo, señala, finalmente, que dichos grupos de trabajo no tienen facultad para levantar directamente el “secreto bancario, reserva tributaria, reserva bursátil y el secreto de las comunicaciones” al Mandatario, aunque pueden solicitar al Poder Judicial que así lo disponga.

EN MANOS DE COMISIÓN

Fue entonces que se aplicó un cambio sustancial al documento, pues este, en su versión preliminar, consideraba que el gobernante está facultado para enviar por escrito sus respuestas.

Esta opción se desprendía del artículo 167 del nuevo Código Procesal Penal, el cual establece que el Mandatario, sus ministros, los congresistas, los titulares de poderes del Estado y otros altos funcionarios tienen permitido declarar -a su elección- en su domicilio o en su despacho, o que un juez puede “disponer se reciba su testimonio por escrito”, luego de que se curse el pliego interrogatorio correspondiente”.

Sin embargo, durante la discusión del mencionado texto, esta posibilidad pasó de depender de un pedido de Pedro Pablo Kuczynski a ser una decisión que únicamente estará en manos del grupo parlamentario a cargo del caso “Lava Jato”.

Así lo afirmó la propia presidenta de la Comisión de Constitución, Úrsula Letona (Fuerza Popular), quien explicó que durante el debate se propuso que sea el propio grupo el que defina el mecanismo con el cual se recogerá la versión del jefe de Estado.

“Si ustedes pueden leer, el artículo 117 de la Constitución señala expresamente que todos, todos los funcionarios, todos, estamos obligados a comparecer en la comisión investigadora del Congreso (en realidad se refirió al artículo 97, el 117 establece que al Mandatario no puede ser investigado si no es por traición, impedir las elecciones o cerrar el Legislativo ilegalmente), y en el sentido que comparecer implica asistir es que congresistas solicitaron la eliminación (modificación)”, dijo la fujimorista en una conferencia de prensa.

En ese sentido, remarcó que la respuesta escrita no tendría cabida a menos que la comisión “Lava Jato” determine que ese será el mecanismo mediante el cual recogerá las declaraciones de Kuczynski.

“Lo que hemos dicho es que él debe comparecer y que el mecanismo para que esa comparecencia sea efectiva lo determinará la comisión investigadora”, reiteró la legisladora.

El portavoz agregó que hay un afán distractivo por parte de Fuerza Popular debido a que “hay denuncias que se han reaperturado”, en clara alusión a la pesquisa por lavado de activos -adecuada ahora a la Ley de Crimen Organizado- que involucra al ex secretario general del fujimorismo, Joaquín Ramírez.

“Hay también la intención de dar un mensaje político: ‘Conmigo no te metas’, y quizá también, toda conjetura es válida en esta coyuntura, ir forzando, construyendo, mecanismo para generar en el futuro una vacancia, no descartamos ninguna posibilidad, todo está dentro de la evaluación política”, enfatizó.

“Las conclusiones que he leído me preocupan porque exceden lo que dice la Constitución […] Estas ‘interpretaciones auténticas’ cambian la certeza jurídica, no para este gobierno, sino para el futuro, y eso le quita la estabilidad que el país requiere”, exclamó.

Aráoz, asimismo, advirtió que el informe de Constitución contradice una opinión de ese mismo grupo de trabajo formuló sobre un asunto similar emitido hace meses atrás.

“La Carta Magna protege la figura presidencial para generar un equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero el pronunciamiento excede lo que dice la Constitución”, añadió.

La jefa del Gabinete manifestó también que este es un tema en el cual el Congreso “debe reflexionar más” y resaltó que la figura presidencial tiene necesariamente que estar protegida.

SE TIENE QUE PROTEGER AL PRESIDENTE

"La figura presidencial debe ser preservada siempre, es el Jefe de Estado, debe estar un puntito encima de todos nosotros, para eso estamos los ministros para asumir responsabilidades. Si él comete un error las responsabilidades las asumimos nosotros. Se tiene que proteger al Presidente", dijo.

Señaló también que hay contradicción en ese grupo de trabajo porque anteriormente Miky Torres indicó que no era necesario que el Jefe de Estado no acuda y ahora cambian de opinión.